El autor es periodista y dirigente del Partido Fuerza del Pueblo (FP)
La panorama política colombiana se encuentra inmersa en una dinámica de incorporación tensión, marcada por la consolidación de las fuerzas del progresismo y la izquierda en torno al gobierno de Gustavo Petro.
Esta cohesión contrasta drásticamente con la fragmentación, dispersión y una visible desesperación que caracteriza a los sectores de derecha y centro-derecha. Esta polarización ha cedido circunstancia a una embestida opositora que, como sugiere el titular, ha coqueteado con escenarios de desestabilización, desde la insinuación de un guantazo templado hasta la mención de un atentado, todo ello con el fin extremo de evitar la continuidad del esquema progresista más allá de las elecciones de 2026.
La radicalización de esta confrontación se ha agudizado tras el flamante atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. Este lamentable suceso fue inmediatamente instrumentalizado por la derecha para intentar vincular al gobierno de Petro, ya sea de forma directa o indirecta a través de la interpretación de su discurso como divisivo.
La injerencia internacional no se hizo esperar, con declaraciones como las del Secretario de Estado Marcos Rubio, quien insinuó una posible conexión del presidente Petro con el atentado, amplificando la novelística desestabilizadora y evidenciando el ámbito de la presión sobre el ejecutor.
Mario Díaz-Berrear no es un nombre cualquiera en el algarabía de la política estadounidense. Es parte de ese género de floridanos —Ámbito Rubio, Rick Scott— que han convertido el anticomunismo en una industria. Su historial es claro: impulsó sanciones contra Venezuela, bloqueó licencias petroleras, apoyó a María Corina Machado. Ahora, según documentos y testimonios cruzados, puso sus luceros en Colombia.

Su modus operandi sigue el manual del «guantazo templado»: deslegitimar mediante acusaciones sin pruebas, aislar internacionalmente y promover fracturas internas.
Las pruebas muestran que Díaz-Balart no solo recibió a Leyva, sino que mantuvo reuniones paralelas con Vicky Dávila, la candidata presidencial de ultraderecha cuya vinculación con la trama ha sido denunciada por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero). Tomado de Cronicón
La consolidación del progresismo y la fragmentación opositora
El gobierno de Gustavo Petro ha conseguido, desde su encumbramiento al poder, cimentar una saco de apoyo en torno a las fuerzas del progresismo y la izquierda, unificando agendas y objetivos que antaño parecían dispersos.
Este proceso de cohesión ha sido posible, en gran medida, gracias al fortalecimiento del liderazgo del presidente Gustavo Petro, quien se ha erigido como el referente indiscutible y el articulador central de las variopintas formaciones del progresismo y la izquierda.
De ahí que el fortalecimiento del liderazgo del mandatario ha conseguido convocar no solo a los partidos tradicionales de las corrientes progresistas y de izquierda, sino incluso a los ecologistas, a los defensores de los derechos humanos y a quienes impulsan la paz total y la reconciliación. Esta dispositivo ha permitido al ejecutor avanzar en su software de reformas, a pesar de la constante resistor y los bloqueos parlamentarios.
En contraparte, la derecha y la centro-derecha colombianas exhiben una notoria error de cohesión. Sus liderazgos dispersos y la desaparición de una dietario unificada que trascienda la mera examen al gobierno, los han sumido en un estado de desesperación.
Esta situación los impulsa alrededor de una radicalización en sus estrategias, buscando cualquier resquicio para deslegitimar al gobierno y crear un condición de ingobernabilidad que les permita recuperar el dominio perdido.
La táctica del guantazo templado y la reacción popular
La embestida de la examen ha acogido diversas formas, desde campañas de desprestigio mediático hasta intentos de socavar la legalidad institucional del gobierno, todas ellas enmarcadas en la concepto de un guantazo templado. Las insinuaciones de este tipo de maniobras, que buscan excoriar progresivamente el poder del ejecutor sin acogerse a la fuerza, no son meras retóricas, sino que reflejan una táctica calculada para gestar un condición de crisis que justifique una eventual interrupción del mandato presidencial.
El rendimiento político de eventos como el atentado al senador Uribe es una clara muestra de esta táctica, buscando capitalizar cualquier incidente para reforzar la novelística de un gobierno ilegítimo o ineficaz.
Sin confiscación, la capacidad de movilización popular ha sido un autor determinante para desgraciar estas intentonas desestabilizadoras. Las calles de Colombia han sido ambiente de masivas manifestaciones en apoyo al gobierno de Petro y sus reformas, demostrando que existe una saco social dispuesta a defender el esquema progresista.
A esto se suman las realizaciones del gobierno, que, a pesar de los obstáculos, han conseguido impactos tangibles en áreas esencia como la política social, ambiental y de paz, contrarrestando el discurso oponente y fortaleciendo la percepción de un gobierno que avanza en sus promesas.
El desafío de 2026 y la polarización persistente
El horizonte de las elecciones presidenciales y congresuales de 2026 se perfila como el epicentro de la contemporáneo contienda política. La derecha y la centro-derecha saben que su futuro político depende de evitar que el progresismo y la izquierda retengan el poder, lo que explica la intensidad de su arremetida. Sus esfuerzos se concentrarán en excoriar la popularidad del gobierno, polarizar aún más el electorado y sembrar dudas sobre la viabilidad del esquema de Petro.
No obstante, el progresismo y la izquierda se encuentran en una posición ventajosa, dada su dispositivo y la resiliencia demostrada. La esencia para proseguir el poder en 2026 residirá en la profundización de las reformas iniciadas, la consolidación de los logros alcanzados y la capacidad de proseguir movilizada a su saco social, siempre con el liderazgo del presidente Gustavo Petro como eje central de esta articulación.
La polarización, remotamente de flaquear, parece ser una constante en el panorama político colombiano, exigiendo de todos los actores una constante reevaluación de sus estrategias y un compromiso natural con la democracia.
Jpm-am
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