Abogados se mostraron hoy a valenza de que la Iglesia Católica transparente los fondos públicos que recibe del Estado dominicano, al considerar que toda institución que administre capital provenientes del presupuesto doméstico debe rendir cuentas.

La reacción de los juristas se produce premeditadamente del reportaje presentado por el software N Investiga, en el que se exponen detalles sobre los aportes estatales, exoneraciones y convenios suscritos al amparo del Concordato firmado en 1954, así como cuestionamientos recientes sobre el manejo de capital vinculados a infraestructuras religiosas.

Los abogados consultados fueron Brayan Castillo, Osvaldo de Oleo, Atinado Manuela Figuereo Agramonte, Omar Dilone y Ana Rosa de los Santos.

Brayan Castillo sostuvo que, por un asunto de constitucionalidad, la Iglesia debe transparentar las ayudas que recibe del pasta sabido. Señaló que se manejo de una cuestión de confianza institucional y destacó que, en una sociedad flagrante y digitalizada, transparentar lo que está correcto no debería producir inconvenientes.

Por su parte, Osvaldo de Oleo indicó que desde el Estado existe una asignación presupuestaria dirigida a la Iglesia Católica, por lo que la población tiene interés en conocer qué se hace con esos fondos. Afirmó que todo lo que sale del presupuesto sabido debe transparentarse, incluyendo la difusión de cómo se gastan esos capital.

La abogada Atinado Manuela Figuereo Agramonte planteó que el tema debe analizarse desde el punto de presencia forense y constitucional, específicamente en relación con el artículo 39 de la Constitución, que consagra el derecho a la igualdad. Recordó que el Concordato fue firmado durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y consideró que debe regularse para que todas las iglesias sean tratadas de la misma forma en cuanto a beneficios y exoneraciones.

En la misma ristra, el abogado Omar Dilone manifestó que todo el que reciba fondos públicos debe rendir cuentas a la sociedad y al propio Estado. A su sumario, aunque exista el Concordato, la República Dominicana es un Estado laico y no deberían existir prerrogativas desiguales entre confesiones religiosas cuando se manejo de capital públicos.

Sin secuestro, la abogada Ana Rosa de los Santos expresó una postura distinta. Entiende que no necesariamente la Iglesia Católica debe transparentar esos fondos, al considerar que las ayudas pueden objetar a diligencias realizadas por los párrocos que las necesiten, como podría hacerlo cualquier otra persona jurídica.

El debate se mantiene amplio en el ámbito forense e institucional, en medio de cuestionamientos sobre el envergadura del Concordato y la fiscalización de los fondos públicos destinados a entidades religiosas.