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Los abogados de Julio Iglesias valoran la atrevimiento de la Fiscalía española de encarpetar la investigación por supuesto acoso y golpe sexual a dos extrabajadoras y subrayan el “lapidación manifiesto” que a su motivo ha sufrido “fruto de la orquestación de un montaje mediático”, que le ha causado un daño “irreparable”.
Fuentes del equipo procesal del cantante se refirieron así este viernes a la atrevimiento de la Fiscalía de la Audiencia Franquista de encarpetar la investigación abierta contra él a raíz de una denuncia de dos exempleadas por supuesto acoso y golpe sexual en 2021 en República Dominicana y Bahamas, en presencia de la “yerro de potestad” y competencia de los tribunales españoles.
Los hechos denunciados afectan a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas para demostrar la verdad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.
Las dos mujeres presentaron la denuncia el pasado 5 de enero, representadas por la estructura Women’s Link, y señalaron que lo hacían para que otras lo denuncien y no vuelvan a sufrir abusos de este tipo.
Los abogados del cantante castellano expresan su satisfacción por esa atrevimiento de la Fiscalía española y sostienen que “se ha basado en la vigencia y en la derecho válido”.
Sin confiscación, no quieren acaecer por stop “el lapidación manifiesto” que el actor ha sufrido “fruto de la orquestación de un montaje mediático”.
“El daño ocasionado a Julio Iglesias ha sido enorme e irreparable, afectando no solo a su imagen pública, sino además a él y su entorno accesible”, dice el comunicado, que añade que seguirán trabajando “en pro de la honestidad, la verdad y el completo restablecimiento de su honorabilidad”.
Igualmente se pronunciaron sobre el archivo de la denuncia las organizaciones Women’s Link y Perdón Internacional, que asesoran a las exempleadas de Julio Iglesias que denunciaron al actor en España y que consideraron “lamentable” la atrevimiento, al tiempo que anunciaron que las dos mujeres “seguirán luchando por honestidad y acudirán a las vías legales disponibles”.
Para su rechazo, la Fiscalía argumenta que la ley española exige, entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano castellano, que no haya un procedimiento extenso en el circunstancia donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional y que exista una “conexión material con España”, por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.






