Los abogados de Julio Iglesias valoran la audacia de la Fiscalía española de custodiar la investigación por supuesto acoso y asalto sexual a dos extrabajadoras y subrayan el «ajusticiamiento sabido» que a su motivo ha sufrido «fruto de la orquestación de un montaje mediático»que le ha causado un daño «irreparable».
Fuentes del equipo judicial del cantante se refirieron así este viernes a la audacia de la Fiscalía de la Audiencia Franquista de custodiar la investigación abierta contra él a raíz de una denuncia de dos exempleadas por supuesto acoso y asalto sexual en 2021 en República Dominicana y Bahamasfrente a la «errata de competencia» y competencia de los tribunales españoles.
Los hechos denunciados afectan a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeutaque aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas para demostrar la fiabilidad de sus acusacionesque incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.
Las dos mujeres presentaron la denuncia el pasado 5 de enero, representadas por la estructura Enlace de mujeresy señalaron que lo hacían para que otras lo denuncien y no vuelvan a sufrir abusos de este tipo.
Los abogados del cantante castellano expresan su satisfacción por esa audacia de la Fiscalía española y sostienen que «se ha basado en la rectitud y en la legislación actual».
Sin incautación, no quieren producirse por suspensión «el ajusticiamiento sabido» que el actor ha sufrido «fruto de la orquestación de un montaje mediático».
«El daño ocasionado a Julio Iglesias ha sido enorme e irreparable, afectando no solo a su imagen pública, sino todavía a él y su entorno sencillo», dice el comunicado, que añade que seguirán trabajando «en pro de la neutralidad, la verdad y el completo restablecimiento de su honorabilidad».
Asimismo se pronunciaron sobre el archivo de la denuncia las organizaciones Women’s Link y Perdón Internacionalque asesoran a las exempleadas de Julio Iglesias que denunciaron al actor en España y que consideraron «lamentable» la audacia, al tiempo que anunciaron que las dos mujeres «seguirán luchando por neutralidad y acudirán a las vías legales disponibles».
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Para su rechazo, la Fiscalía argumenta que la ley española exige, entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano castellano, que no haya un procedimiento franco en el espacio donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional y que exista una «conexión material con España», por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.






