El abogado Julio Núñez denunció que el Sección de Extranjería de la Dirección Normal de Migración estaría rechazando solicitudes de residencias de ciudadanos extranjeros sin ofrecer motivación jurídica, una situación que, según afirmó, genera preocupación por la seguridad jurídica de familias e inversionistas radicados en la República Dominicana.

El jurista explicó que ha recibido varias denuncias de ciudadanos extranjeros afectados por esta situación, por lo que solicitó la intervención del presidente de la República, Luis Abinader, y del director normal de Migración, el normal Lee Ballester, delante lo que calificó como rechazos de residencias sin fundamento sumarial claro.

Núñez expresó que, de acuerdo con las informaciones recopiladas, numerosos ciudadanos extranjeros que han depositado sus expedientes para obtener o renovar sus residencias en República Dominicana, cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la norma migratoria dominicana, estarían enfrentando rechazos administrativos sin explicación jurídica, así como retrasos excesivos y partida de respuestas formales a los bienes administrativos interpuestos por los afectados.

El abogado explicó que, conforme a las denuncias recibidas y a la documentación analizada, estas decisiones administrativas estarían siendo adoptadas bajo la responsabilidad de Laura Mariñez, encargada del Sección de Extranjería, quien presuntamente habría dispuesto el rechazo de múltiples solicitudes de residencia sin ofrecer motivaciones jurídicas suficientes ni contestar adecuadamente a los requerimientos formales presentados por los solicitantes y sus representantes legales.

Según indicó el jurista, esta situación estaría afectando a ciudadanos extranjeros que llevan primaveras residiendo en la República Dominicana, muchos de los cuales han realizado importantes inversiones en el país, han creado empresas, generan empleos y han desarrollado su tesina de vida adentro de la sociedad dominicana.

En numerosos casos, señaló Núñez, se alcahuetería de familias con hijos que estudian en colegios y universidades del país, plenamente integrados al sistema educativo y social dominicano, lo que convierte estas decisiones administrativas en situaciones particularmente delicadas desde el punto de perspectiva humano y sumarial.

El abogado advirtió que la negativa a ofrecer explicaciones jurídicas claras sobre las decisiones adoptadas, así como la desidia de respuesta a los bienes administrativos presentados por los afectados, podría constituir una infracción de principios fundamentales establecidos en la Constitución de la República Dominicana, particularmente aquellos relacionados con la seguridad jurídica, la igualdad delante la ley y el oportuno proceso oficinista.

Asimismo, recordó que la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Sucursal y de Procedimiento Burócrata establece que toda audacia de la sucursal pública debe estar debidamente motivada y fundamentada en derecho, garantizando al ciudadano la posibilidad de comprender las razones de la proceder estatal y ejercitar su derecho de defensa.

De igual forma, el jurista subrayó que cuando estas decisiones afectan a familias con hijos menores de etapa, el Estado debe ejecutar con específico responsabilidad, ya que la Ley 136-03 establece el principio del interés superior del crío, el cual obliga a que toda audacia administrativa tome en cuenta el bienestar y la estabilidad accesible de los menores.

El profesional del Derecho advirtió que estas situaciones podrían estar generando un clima de incertidumbre que impacta negativamente la confianza de inversionistas y residentes extranjeros en la institucionalidad dominicana, afectando la imagen del país como destino seguro para la inversión extranjera y el mejora empresarial.

Por tal motivo, hizo un llamado respetuoso pero firme al presidente de la República y al director normal de Migración para que dispongan una revisión institucional de las actuaciones del Sección de Extranjería y garanticen que los procesos migratorios se conduzcan con apego ajustado a la Constitución, las leyes y el respeto de los derechos fundamentales.

Finalmente, el jurista reiteró que la República Dominicana ha construido durante décadas una reputación internacional basada en la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la confianza para la inversión extranjera, principios que, según afirmó, deben ser preservados para proteger el mejora financiero y social del país.