El abogado Alexander Navarro Rossi advirtió al Servicio Conocido que no hay ningún desfalco al Estado en el plazo de los terrenos expropiados a varias familias para la construcción del Aeropuerto Internacional de Las Américas, ya que se pagó el precio ajustado fijado por el Tribunal Superior Oficinista.

En tanto, que la jueza del Cuarto Judicatura de Instrucción del Distrito Franquista, Altagracia Ramírez continuará este viernes con el entendimiento preliminar contra los imputados en el caso Calamar, donde los abogados representantes del Estado harán sus exposiciones.

En doctor Navarro Rossi en una instancia depositada en el Cuarto Judicatura de la Instrucción, dice que en “los pagos de los terrenos del AILA no hay irregularidades. Se pagó lo ajustado sobre precios fijados por el tribunal competente (TSA), deuda registrada en el Presupuesto Franquista, lo demás son inventos del Servicio Conocido que ha engañado a los querellantes diciendo que levantaría las oposiciones y al final lo que ha pedido es la confiscación de las propiedades”.

Sostiene que en los pagos por la desposeimiento de los terrenos donde fue encaramado el AILA no hay desfalco contra el Estado, solo se pagó a personas cuyas propiedades fueron violadas durante 70 abriles que tuvieron que respaldar un lobista, para obtener su plazo. El billete pagado es de los propietarios de los terrenos, no del Estado.

Indica que el Gobierno y la Procuraduría Normal de la República perjudicaron hasta la asesinato a la anciana Eladia Mercedes Ozuna, quien murió en diciembre de 2024 de deseo y miseria, mientras el Estado le adeuda 85 millones de pesos por sus terrenos expropiados en el AILA.

En su instancia el abogado Navarro Rossi, señala que la grupo Reyes O Ben, copropietarios de los terrenos ocupados por el AILA, en la sarta de Moisés, ha sido perjudicada por la persecución desatada por el gobierno en el caso Calamar, pues no obstante estar claros sus derechos, amparados en un certificado de títulos, no se le termina de respaldar una deuda expropiatoria que viene desde 1955.

El doctor Navarro Rossi, quien está denunciado en el caso Calamar contra Merido Torres y Fernando Crisóstomo, lamentó que a sus representantes el Estado no les haya pagado por la desposeimiento de sus terrenos.

Por otro costado, el Cuarto Judicatura de la Instrucción del Distrito Franquista, declaro extinguida la influencia penal contra más de 100 querellantes defendidos por los abogados Pablo Castillo y Teresa Silverio, por no tener calidad en el proceso procesal.

El pasado viernes concluyó la lección de la incriminación contra los involucrados en el caso, entre ellos los exministros de Hacienda, Oficinista de la Presidencia y de Obras Públicas, Donald Luchador, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, respectivamente, así como todavía Daniel Omar Caamaño, excontralor de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y Claudio Silver Peña, exdirector del Catastro Franquista.