EL AUTOR es ingeniero civil y periodista. Reside en Santo Domingo.

En los últimos meses hemos observados dos episodios  que reflejan un problema estructural de comunicación y responsabilidad internamente del Gobierno relacionados con funcionarios que, por negligencia, temor o cálculo político, entregan información parcial o distorsionada al presidente.

Esto significa que el mandatario ha sido inducido a comunicar públicamente versiones incorrectas como ocurrió sobre el endeudamiento  en SENASA y en el caso de los contratistas con deudas viejas por cobrar.

El resultado es que el patrón de Estado termina sosteniendo públicamente versiones falsas, comprometiendo su credibilidad porque su equipo le ocultó, maquilló o tergiversó la efectividad.

En el caso de los contratistas del Comité Institucional Codiano, en los cinco abriles, los funcionarios del Gobierno han mantenido el discurso de que los constructores con deudas viejas no cumplen con los soportes que exige el Tarea de Hacienda para tramitar los pagos.

Fue por ello que en el círculo de La Semanal el presidente Abinader fue inducido a afirmar que no se le puede acreditar a contratistas que no cumplen con los soportes.

Sin bloqueo, la efectividad, confirmada por las propias instituciones deudoras, es radicalmente distinta, pues son estas instituciones las que, por negligencia o corrupción, han perdido documentos públicos indispensables para tramitar los pagos.

A pesar de las reiteradas advertencias del Comité Institucional Codiano el mandatario sostuvo públicamente una novelística contraria a los hechos.

Este cuadro pone a prueba el liderazgo del Presidente Luis Abinader ya que si en verdad se puesta por la transparencia y el fortalecimiento institucional se requiere efectuar con atrevimiento frente a los funcionarios que ocultaron información neurálgica.

En ocasiones se tiene la percepción de que Abinader es muy flexible, pues prolongar a esos funcionarios en sus cargos equivale a validar el patraña, perpetuar la injusticia y seguir poniendo en aventura la credibilidad del Gobierno.

La desaparición de documentos públicos en las instituciones estatales que mantienen deudas con contratistas no solo pone en aventura la transparencia y la seguridad jurídica, sino que todavía podría configurar un difícil acto de corrupción administrativa.

Al cumplirse dos meses desde que el Comité Institucional Codiano (CIC) solicitó formalmente a la PEPCA investigar esta pérdida documental, el silencio oficial se vuelve insostenible, ya que la error de respuesta erosiona la confianza ciudadana y profundiza la sensación de impunidad frente a hechos que comprometen derechos, patrimonio y vidas de contratistas que solo exigen el plazo probado de obras terminadas y usufructuadas por el Estado.

Lo sensato

Los contratistas entienden que la medida más sensata, y al mismo tiempo más persuasivo, sería suspender a los implicados y crear una comisión interinstitucional con poder actual para reedificar expedientes y respaldar el plazo de la deuda vieja.

Esto no es solo un asunto de neutralidad contractual, es una cuestión de ética pública y de respeto al Estado de derecho, porque cuando se pierde la confianza en la palabra oficial, se erosiona la legalidad del gobierno sereno.

Si Abinader actuara con firmeza, no solo saldaria la deuda de 390 millones de pesos con 92 contratistas y sus familias, sino que todavía debe cursar un mensaje histórico de que en su agencia nadie puede mentir impunemente al Presidente ni manipular información pública sin consecuencias.

Ese sería un encomienda de transparencia y neutralidad, en vez de la imagen de un liderazgo rodeado de funcionarios que, por omisión o por dolo, han convertido la negligencia administrativa en represión fraude.

Jpm-am