Los procesados hicieron parecer ser los socios de una compañía con 20 inmuebles que incluyen la mansión donde reside el procesado

En atención al pedimento del Empleo Sabidoel Primer Auditoría de la Instrucción del Distrito Procesal de La Vega dictó coche de comprensión a querella en contra de tres personas acusadas de ser testaferras en la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico que encabezaba Miguel Arturo (Micky) López Florencio.

Luego de cobijar la reproche y acoger todas las pruebas presentadas por el víscera persecutor, la jueza Wendy de Jesús Mueses envió a querella a Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia Cepeda Suárez y la empresa de frente Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL.

Los procesados hicieron parecer ser los socios de Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, una compañía con vigésimo (20) inmuebles que incluyen la mansión donde reside López Florencio.

Los acusados son miembros de la red criminal de testaferros y prestanombres que encabezaba López Florencio y su esposa, Rosa Amalia Pilarte López. Por otra parte, son cuñados de Rosa Amalia Pilarte López, condenada por la Suprema Corte de Honestidad por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

La reproche acogida por el tribunal, revela que los procesados no pueden discurrir los fortuna inmuebles adquiridos, valorados en ciento ochenta y tres millones, trescientos ochenta y seis pesos dominicanos (RD$183,386,000), teniendo como oficios chofer (Inoa Valdez) y ama de casa (Cepeda Suárez).

La información financiera arrojó movimientos exorbitantes de monises de la empresa de frente Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL, ya que entre 2015 y 2019 tuvo entradas ascendentes a doscientos cincuenta millones, setecientos doce mil, seiscientos cuatro pesos con sesenta y cinco centavos (RD$250,712,602.66), para un total de cuatrocientos treinta y cuatro millones, noventa y ocho mil, seiscientos cuatro pesos dominicanos con sesenta y cinco centavos (RD$434,098,604.65).

El equipo de fiscales, integrado por la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, el fiscal investigador Claudio Cordero Jiménez, y el litigante Hitler Sánchez explicaron que Empleo Sabido calificó las conductas de los acusados como una violación a las disposiciones los artículos 2, 3, 6 y 9 de la Ley 155-17.

Incluso, la Ley 83-02, que crea el Código Monetario y Financiero y la Ley 11-92 del Código Tributario de República Dominicana.