Y tribunal de Puerto Plata dictó este miércoles un año de prisión preventiva a un hombre y una mujer señalados como cabecillas de una red dedicada a tráfico de personas con fines de explotación sexual comercial, cuyas víctimas incluía menores de existencia.

Los procesados Julio de la Cruz Vásquez (Nacho o Grasa) y Leonelis Rodríguez Martínez enfrentan los cargos por delitos de tráfico de personas agravada, tropelía psicológico y sexual contra menores de existencia y proxenetismo agravado.

El enjuiciador Romaldy Marcelino Henríquezde la Oficina Sumarial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata, declaró el caso enrevesado.

Según una comunicación de prensa de la Procuraduría Caudillo de la República, a De la Cruz Vásquez igualmente se le imputa la usurpación de funciones porque, aunque fue cancelado de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), continuaba diciendo que formaba parte de esa institución.

El Ocupación Sabido ejecutó una orden de arresto en contra de los procesados luego de establecer en el transcurso de la investigación que se dedicaban a enterarse y a trasladar mujeres y adolescentes de diferentes barrios de Puerto Plata para ofertar sus servicios sexuales.

La fiscalizadora Julissa Gómez Camacho representó al Ocupación Sabido en la audiencia en la que el enjuiciador Romaldy Marcelino Henríquez impuso la medida de coerción que los imputados deberán cumplir en los centros de corrección y rehabilitación San Felipe y Najayo Mujeres en San Cristóbal.

Como parte de las investigaciónfue realizado un alisamiento a una villa de dos niveles en el sector Cupey, en el municipio San Felipe, la cual era utilizada por la red como centro de operaciones, siendo rescatadas en la misma nueve víctimas, entre ellas, seis mujeres con edades entre los 18 y 28 primaveras, así como tres adolescentes de 17 primaveras de existencia.

Según el Ocupación Sabidodurante la investigación se determinó que en el espacio se ofertaban los servicios sexuales de mujeres, así como de adolescentes de entre 15 y 17 primaveras, previo el plazo de sumas que oscilaban entre 120, 200, 250 y 400 dólares. En una de las transacciones por servicios sexuales se estableció que el imputado De la Cruz Vásquez recibió la suma de 1,600 dólares por un servicio.

Persecución contra la estructura criminal

La batalla contra la red se puso en marcha el pasado 30 de mayo, tras el inicio de la investigación a cargo de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Prostitución de Personas (PETT), conjuntamente con la Fiscalía de Puerto Plata, representadas por sus titulares, la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez y el fiscal Warlyn Taveras.

Todavía participan en la investigación la fiscal de único Noelia Taveras y los fiscales de Puerto Plata Carmen Daynisa Rosario Pascual, Carmelina Soto e Hilda Patricia Lagombra Polanco.

La persecución inició luego de que el pasado 13 de marzo de 2025, la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios (Deidem), adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), de la Policía Doméstico, recibiera una denuncia confidencial que dio origen a las investigación.

El apoyo a la investigación fue proporcionado por la Oficina de Investigaciones del Ultramar del Servicio de Seguridad Diplomática, por sus siglas en inglés DSS, y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Doméstico (HSI), de la Embajada de Estados Unidos.