Un tribunal de la provincia La Altagracia impuso tres meses de prisión preventiva a una pareja imputada de formar parte de una red de secuestro y lavado de activos.

El Empleo Conocido imputa a Tairi Vasquez Severino y Jhan Carlos Rivera Martínez de ser testaferros de Alfredo Vásquez Severino y Ambioris Vásquez Severino, quienes unido a otros miembros de la supuesta red realizaron un secuestro en La Otra Bandada, Higüeypor el que solicitaron 20 millones de pesos por el rescate.

Vásquez Severino y Rivera Martínez fueron apresados durante un igualación realizado de forma conjunta por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, con el apoyo técnico de las Mecanismo Antisecuestro de la Dirección Universal de Persecución del Empleo Conocido y de la Policía Franquista

Según una comunicación de prensa, la jueza Francis Reyes Diloné dispuso que la medida fuera cumplida por los imputados en la prisión de mujeres de La Altagracia y en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya para hombres.

Los fiscales litigantes Claudio Corderode la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y representante de la Mecanismo Antisecuestro, y Surielly Militarde la Fiscalía de La Altagracia, motivaron la solicitud, en colchoneta a los méritos de las pruebas recabadas.

El víscera acusador sostiene que con el billete obtenido del secuestrolos imputados adquirieron dos vehículos de entrada matiz en una agencia de vehículos en Santo Domingo Estelos que estaban bajo el dominio de uno de los imputados al momento de su arresto en mayo de este año.

Torturaron víctima

La víctima fue objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, de golpes, heridas durante cuatro días, lo que le causó fuertes traumas emocionalesagrega el Empleo Conocido.

De igual forma, obligaron a la comunidad de la víctima a agenciárselas más de 6 millones de pesos y hacer traspasos de vehículos a nombre de relacionados a los imputados, como método para evitar dejar rastros que los incriminaran.

Por su parte, las titulares de Antilavado del Empleo Pública, Ramona Novay de La Altagracia, Claudia Gallardoexpresaron que esta es una osadía dictada en derecho y confían en que el sistema de rectitud castigará a los procesados de forma ejemplar por la décimo de los imputados en los hechos.