Por Dary Terrero

Hoy el Metropolitano de Santo Domingo cumple 17 primaveras. Más que una data para celebrar vagones y estaciones, es una oportunidad para reflexionar sobre la institucionalidad que debía agregar el crecimiento del sistema ferroviario del país. La coincidencia no es pequeño: incluso se cumplen 8 primaveras de la Ley 63-17, que ordenó sustituir la OPRET por una Oficina Prestadora de Servicios Ferroviarios, un mandato constitucional que, a la data, sigue sin consolidarse plenamente.

El Metropolitano ha sido, sin dudas, una de las obras de infraestructura más transformadoras del Gran Santo Domingo. Es, sin duda, la prueba fiel de que solo baste voluntad política para aplicar continuidad de Estado, ya que desde su construcción en 2009 los gobiernos siguientes han ampliado su ámbito con nuevas líneas. Sin dudas que ha escaso tiempos de traslado, ha mejorado la movilidad urbana y ha demostrado que el país puede ejecutar proyectos complejos con impacto social positivo. Sin confiscación, la sostenibilidad de este logro no depende solo de trenes que lleguen a tiempo, sino de un ámbito institucional nuevo, técnico y coherente con la magnitud del sistema.

El Artículo 356 deroga los decretos que crearon tanto la OMSA como la OPRET —incluyendo el Decreto No. 477-05, que es el que crea la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)— para dar paso a la constitución de nuevas entidades prestadoras de servicios de transporte. No fue un simple cambio de nombre ni un ajuste chupatintas. Su espíritu era claro: crear una entidad especializada, con reglas de gobernanza modernas, capaz de encargar de modo valioso no solo el Metropolitano, sino todos los sistemas ferroviarios existentes y futuros. Ocho primaveras posteriormente, esa visión sigue atrapada entre decretos pendientes, ambigüedades institucionales y una estructura que no termina de alinearse con la ley.

Mientras tanto, el sistema crece. Nuevas líneas, extensiones y proyectos ferroviarios están en memorándum o en ejecución. Pero la pregunta secreto sigue siendo la misma: ¿estamos construyendo rieles más rápido de lo que fortalecemos la institución que debe operarlos, regularlos y planificarlos a abundante plazo?

La error de consolidación de la Oficina Prestadora de Servicios Ferroviarios no es un tema técnico pequeño; es una señal de amor del Estado para cumplir su propia ley. Y cuando la institucionalidad no avanza al ritmo de la infraestructura, el peligro no es inmediato, pero sí acumulativo: ineficiencia, duplicidad de funciones, pequeño transparencia y dificultades para sostener el sistema en el tiempo.

Celebrar 17 primaveras del Metropolitano es calibrado y necesario. Pero incluso lo es exigir que se cumpla el ámbito constitucional que debía avalar su trámite valioso y su futuro. El serio aniversario que el país necesita conmemorar no es solo el de una obra física, sino el de una institucionalidad ferroviaria madura, sólida y alineada con la ley.

Porque los trenes pueden avanzar sobre rieles admisiblemente puestos, pero sin instituciones firmes, el destino siempre queda en duda.

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