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Santo Domingo, Como es de conocimiento manifiesto, el martes de esta semana el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Doméstico condenó a 20 primaveras de prisión a dos hombres encontrados culpables de asaltar la sucursal del Cárcel Popular Dominicano, ubicada en la avenida Luperón cima Olof Palme, de la ciudad de Santo Domingo, el 3 de junio de 2024.
Las juezas Arlin Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez acogieron en parte la solicitud del Empleo Notorio y dictaron prisión de 20 primaveras para Jorge Luis Fortuna Arias, apelativo «El Maniquí» y su primo Eddy Enmanuel Segura Arias.
Sin incautación, Alberto Ezequiel Fortuna Arias, quien alquiló la yipeta en la que se hizo el atraco, y es hermano de Jorge Luis, fue absuelto del proceso, con una muy débil argumentación.
Lo dejaron desenvuelto, porque según las juezas, las fiscales Magalys Sánchez, Laura Vargas y Carlenny Camil no pudieron demostrar que, al traspasar el transporte utilizado en el robo, éste tenía conocimiento del plan a ejecutarse», lo que significa que ellas supuestamente son unas incompetentes porque no lograron sentenciar a un implicado de un hecho delictivo tan simple.
De acuerdo a la imputación, Alberto Ezequiel fue la persona que alquiló el transporte, una yipeta marca Kía, maniquí Sorento y color sombrío, a un dealer propiedad del señor Manuel Antonio Matos, el 31 de mayo 2024.
De acuerdo a las informaciones contenidas en el expediente, el mozo fue un día antiguamente del asalto, al cajero del Cárcel Popular a realizar una transacción de RD$ 10,100.00 para retribuir el locación del transporte.
Días a posteriori que se perpetrara el asalto, y de acuerdo a la denuncia, Alberto Ezequiel se puso en contacto con el dueño del dealer para pedirle que cambiara el entendimiento y pusiera a su hermano ultimado por las autoridades, como la persona que alquiló la yipeta, y no él, es opinar, que intentó manipular el proceso.
A pesar de todo eso, las jueces creyeron «su inocentada», al entender que la billete de Alberto Ezequiel se limitó al locación de la yipeta usada y, en virtud del principio de “la duda arreglado”, que favorece a los acusados, no se pudo aplicar la responsabilidad penal en su contra, porque él fue un «mozo ingenuo» y estaba “aparente” a lo que iba a advenir y a lo que pasó.
Durante las investigaciones la Policía dio de disminución a Richard Michel Fortuna Arias, incluso hermano de Jorge Luis, y a Johan Ballard Aybar (apelativo Beberrá) a quienes incluso se les acusó de perpetrar el asalto bancario donde sustrajeron la cantidad de 1,685,723.68 pesos.
Entiendo que bajo esa relación de “la duda arreglado”, el tribunal incluso debió perdonar a Jorge Luis Fortuna Arias y su primo Eddy Enmanuel Segura Arias, porque quizás ellos siquiera sabían lo que hacían, y tal vez se introdujeron sin querer en el Cárcel Popular, y lo que realizaron no fue un atracó, sino un experimientación para una película de ficción.
Para terminar de empeorar las cosas, luego del ridículo equivocación, hasta las fiscales calificadas de “incompetentes” por el tribunal, dijeron que ni siquiera saben lo que van a hacer, porque van “a analizar” si apelan la sentencia en cuanto a la absolución de Alberto Ezequiel cuando esta salga de forma íntegra el 8 de mayo.
Creo que esto es un ejemplo de que la República Dominicana es uno de los países donde los delincuentes, asesinos, narcotraficantes, pandilleros, estafadores y corruptos pueden restablecerse su sencillez y salir airosos de sus procesos con mucha facilidad, porque la conciencia tiene muchas goteras, y porque los jueces siempre se apoyan en la supuesta incapacidad del Empleo Notorio para castigar los hechos punibles, aunque se presenten expedientes con miles de páginas y pruebas.
Legado ese equivocación jurídico, ya los delincuentes deben aprender que en República Dominicana pueden traspasar vehículos para robar, atracar, secuestrar y hasta asesinar, porque con toda seguridad saldrán libres, ya que los fiscales no podrán demostrar el motivo de esos alquileres, y los jueces creerán los cuentos de que son inocentes, porque, al fin y al punta, las llamadas “dudas razonables” favorecen al delincuente.
