Yanibet Rivas, jueza del Sexto Chancillería de la Instrucción del Distrito Franquista, aplazó para el viernes 18 de julio el conocimiento de la medida de coerción contra Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida como “La Torita”, quien enfrenta acusaciones de difamación e injuria por parte de la ministra Faride Raful.

En ese sentido, la funcionaria reclama una indemnización de cincuenta millones de pesos dominicanos (RD$50,000,000.00) por los daños y perjuicios supuestamente causados por Jorge, a raíz de declaraciones emitidas a través de plataformas digitales. En el documento depositado en presencia de la Procuraduría Normal de la República, la ministra afirma que dichas expresiones han afectado su integridad recatado, así como la de su clan.

La querella solicita encima que se reconozca su constitución en actor civil conforme a los artículos 285 y 286 del Código Procesal Penal, y se autoricen todas las diligencias necesarias para completar la investigación.

La funcionaria incluso interpuso una segunda obra procesal contra el autodenominado detective Santo Martínez, quien habría participado en la difusión de las mismas acusaciones. Aunque Martínez ha ofrecido disculpas públicas, el abogado de la ministra, Miguel Valerio, sostuvo que “no ha obligado la falsedad de sus afirmaciones”, las cuales —según indicó— afectaron directamente la vida privada de Raful y de su entorno acostumbrado, incluyendo a un hijo último de momento.

“Esto no se tráfico de un simple perdón. Aquí hay implicaciones graves que afectan la vida privada y la imagen pública de la ministra y su entorno acostumbrado”, señaló Valerio.