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Por Abril Peña
Durante una flamante reunión de la comisión bicameral que estudia el nuevo Código Penal, la diputada Dorina Rodríguez —del PRM— se retiró visiblemente devastada tras escuchar una propuesta que escudriñamiento estrechar las penas por ataque sexual a menores. Lloró. Se sintió traicionada por un sistema que, en área de proteger, parece dispuesto a suavizar los castigos para los agresores.
Rodríguez defiende condenas de entre 20 y 30 abriles. Mientras tanto, algunos legisladores —como el diputado Eugenio Cedeño— argumentan que 10 a 20 abriles bastarían si no hubo penetración. Pero este es un enfoque que ignora poco sencillo: la mayoría de las niñas no comienzan siendo violadas; empiezan siendo agredidas, y esas agresiones casi inevitablemente terminan en violación. La ley, luego, debe proceder como disuasivo desde el primer acto, para detener el ciclo antiguamente de que se agrave.
Y no hablamos de cifras hipotéticas: según la Procuraduría Militar, en 2023 se registraron 6.741 delitos sexuales, entre ellos 2.642 agresiones sexuales, 1.275 violaciones y 1.767 casos de seducción de menores, un eufemismo justo que en muchas ocasiones encubre violación . Además, datos de Diario Emancipado confirman que las Unidades Especializadas recibieron 7.206 denuncias de violencia sexual: 1.430 violaciones, 538 casos de incesto y 2.177 seducción de menores . Y eso sin contar las víctimas que nunca se atreven a presentarse ni a la Rectitud ni al sistema.
De enero a abril de 2024, la Procuraduría recibió 2.398 denuncias de delitos sexuales, un promedio de 20 denuncias por día . Estas estadísticas reflejan escasamente la punta del iceberg, pues se estima que hasta el 90 % de estos abusos no llegan a denunciarse (). Es proponer: por cada caso registrado, hay decenas en silencio.
Y mientras llegamos a esas estadísticas, hay niñas sufriendo en carne propia este horror: adolescentes embarazadas —sin enterarse si el hijo es de su padre o su anciano—, niñas con discapacidades intelectuales obligadas a parir. ¿Queremos seguir legislando para esos agresores, con penas que dejen espacio a la impunidad?
Acortar las penas en estos casos no es una idea neutra: es un mensaje perverso. Dice que una ataque leve no merece castigo severo; que las violaciones no son tan graves si no hay penetración; que los agresores pueden negociar condenas. Nos arriesgamos a perpetuar un ciclo pernicioso.
Este país necesita un Código Penal que disuada desde una sola ataque, que establezca claramente que el único futuro posible para un abusador es la máxima consentimiento, y que estas leyes estén diseñadas para detener la subsiguiente historia trágica. No valen atajos. No valen tecnicismos. No valen excusas.
La diputada Dorina Rodríguez lloró, sí. Pero qué bueno que lo hizo. Porque lamentar por imparcialidad no es pasión: es humanidad. Y si queremos una transformación auténtico, necesitamos masa que se indigne de verdad.
Una ley incapaz de frenar desde el primer injusticia no es progresista. Es permisiva. Y esa permisividad no puede aguantar nuestros nombres. No en mi nombre. No en el nombre de nuestras niñas.
