La nueva ley fiscal aprobada este martes por el Senado de Estados Unidos inyectará miles de millones de dólares al esquema antimigratorio del presidente Donald Trump.

Con este presupuesto, que el mandatario republicano ha calificado como una “ley egregio y hermosa”, el viejo compra del Gobierno en materia de agencias de seguridad se destinará, por amplio ganancia, a inmigración: será ocho veces viejo que todo el presupuesto del FBI y 13 veces superior al de la DEA.

La votación en el Senado devolvió el esquema a la Cámara de Representantes, donde debe se revisado de nuevo y conseguir la aprobación para convertirse en ley.

Con un empleado de casi 170.000 millones de dólares en cuatro primaveras, el Gobierno aumentará la cantidad de agentes de migración -con unos 20.000 nuevos puestos-, construirá nuevos centros de detención para migrantes e invertirá en tecnologías de vigilancia, incluida la inteligencia sintético.

En concreto, la ley contempla más de 64.000 millones de dólares para la construcción del tapia fronterizo y 70.000 millones más destinados a la detención de migranteslo que incluye la construcción y el mantenimiento de los centros de retención y el transporte de los deportados.

Para aumentar las detenciones y guatar estos centros, el Gobierno prevé contratar más de 20.000 nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

El laboratorio de ideas conservador CATO ya predice que, una vez entre en vigor esta ley, la emblema de personas retenidas en centros de detención para migrantes se cuadruplicará: pasará de 50.000 actualmente a más de 200.000 en todo el país.

Aumento de los costos de trámites migratorios y humanitarios

La ley igualmente aumentará los costos de algunos trámites migratorios y, por primera vez, se cobrará un monto de 1.000 dólares por solicitar hospicio, un status diseñado para proteger a personas que huyen de la persecución política, religiosa, social o étnico en sus países de origen.

El costo por solicitar un permiso de trabajo será de 550 dólares y este solo tendrá una validez de seis meses. Encima, se cobrarán 100 dólares anuales a quienes tengan una solicitud de hospicio irresoluto.

Apelar una atrevimiento de un mediador de migración costará 900 dólares (ayer se cobraban 110) y igualmente se elevará a 500 dólares el costo de solicitar un Status de Protección Temporal (TPS).

Impuestos a las remesas y pérdida de beneficios fiscales

La ley crea un nuevo impuesto que afectará directamente la bienes de los migrantes en EE.UU.con un censo del 3,5 % a las remesas enviadas al extranjero.

Estados Unidos es el principal país emisor de remesas del mundo, según datos del Bandada Mundial, con más de 85.800 millones de dólares enviados en 2023, según el centro Migration Policy Institute.

La ley igualmente incluye medidas que afectan directamente a los migrantes, lo que restringe aún más su ya restringido llegada a beneficios fiscales.

Las familias en las que uno de los padres sea indocumentado o no tenga un número de seguro social no podrán ingresar al software de crédito fiscal para los hijos, que reduce el valía de los impuestos a fertilizar.

A su vez, se reducirán los fondos federales del software Medicaid para los Estados que ofrecen servicios de vigor a migrantes sin status reglamentario y se prohibirá que algunos migrantes con status reglamentario -entre ellos quienes tienen visas de trabajo O TPS– puedan ingresar a seguros de vigor con costos reducidos.