El autor es abogado. Reside en Santo Domingo.

POR CARLOS SALCEDO

La ética en el estado constitucional

En el sistema procesal la ética debe avalar que quienes imparten neutralidad lo hagan con imparcialidad, integridad y responsabilidad. No baste con aplicar la ley en piloto espontáneo; los jueces deben desempeñarse conforme a principios morales que aseguren el respeto a la dignidad humana, la equidad y el adecuado proceso. La confianza pública en la neutralidad depende en gran parte del comportamiento ético de sus operadores, ya que cualquier desviación puede socavar la licitud del sistema en su conjunto.

En un Estado constitucional, donde el poder está menguado por normas fundamentales y los derechos fundamentales ocupan un lado central, la ética procesal adquiere aún viejo relevancia. El sentenciador no solo aplica la ley, sino que igualmente la interpreta a la luz de los títulos constitucionales, lo que exige un compromiso ético profundo con la neutralidad sustantiva. De esta guisa, la ética actúa como un puente entre el texto reglamentario y los principios democráticos que lo sustentan.

Es innegable, pues, el rol relevante que juega la ética procesal en los debates contemporáneos sobre la licitud del Poder Legal en los Estados democráticos. El Manual de Ética Legal del magistrado sentenciador Justiniano Montero Montero constituye un significativo aporte, tanto por su claridad conceptual como por su pertinencia maña para el fortalecimiento del deporte interno desde un enfoque de integridad, fortalecimiento institucional y responsabilidad pública.

Fundamentos de la licitud de los jueces

El texto se estructura a partir de una premisa central: el sentenciador no puede sujetarse al cumplimiento mecánico de las normas, sino que debe regir su conducta bajo principios éticos que, si acertadamente no siempre se encuentran codificados, resultan esenciales para preservar la confianza ciudadana en la neutralidad. Desde esta perspectiva, el autor distingue con precisión entre legitimidad y licitud, subrayando que un sentenciador puede desempeñarse conforme a derecho pero, aun así, traicionar el espíritu de la función interno si su concierto carece de imparcialidad recatado o revela un uso instrumental del poder.

El manual retoma principios ampliamente aceptados por los instrumentos internacionales sobre la materia, como la Manifiesto de Bangalore sobre los Principios de Conducta Legal (2002), y los contextualiza en el ámbito de los desafíos institucionales y culturales propios de los sistemas judiciales latinoamericanos. Esta articulación entre referentes globales y realidades locales es uno de los principales aciertos del ejemplar, en tanto permite que el catedrático no solo internalice principios, sino que comprenda cómo operan  en situaciones concretas.

Títulos fundamentales de la ética procesal y su visión sistémica

Montero Montero examina con detenimiento los títulos fundamentales de la ética procesal: imparcialidad, independencia, integridad, transparencia y diligencia. Sin confiscación, su empalme no es meramente normativo, sino que incorpora una dimensión reflexiva orientada a la formación del querella prudencial del sentenciador. En lado de ofrecer un relación rígido de conductas prohibidas, el autor propone escenarios problemáticos, analiza zonas grises, y convoca al sentenciador a un proceso de deliberación recatado que exige honestidad intelectual, autocrítica y conciencia del impacto institucional de sus actos.

Uno de los ejes más valiosos del texto es la reivindicación del sentenciador como servidor conocido. Esta principios, anclada en una concepción democrática de la neutralidad, supone que el sentenciador debe desempeñarse con sensibilidad social, humildad institucional y afición de transparencia. En ese sentido, la ética procesal no se reduce al ámbito privado de la conciencia, sino que se proyecta como una exigencia estructural del sistema procesal en su conjunto. La confianza ciudadana en la neutralidad no depende nada más del contenido de las sentencias, sino igualmente de las formas, actitudes, conductas y decisiones extraprocesales de quienes las dictan.

El autor igualmente aborda con claridad los desafíos contemporáneos que ponen en tensión la ética procesal: la sobreexposición pública, la irrupción de las redes sociales, las presiones mediáticas, el debilidad de los sistemas de control interno o las interferencias político-económicas. En todos estos casos, el enfoque del sentenciador miembro de la Suprema Corte de Jurisprudencia se distingue por su compensación: evita tanto el moralismo ideal como el relativismo complaciente. La ética, en su propuesta, es una brújula que orienta la conducta del sentenciador en contextos de incertidumbre, sin por ello inhibir su independencia o creatividad interpretativa.

Este manual promueve una visión sistémica de la ética procesal. No baste con apelar a la virtud individual si no se crean condiciones institucionales que la promuevan. Desde esta óptica, la formación ética debe formar parte integral de la carrera procesal, de los procesos de evaluación y de las políticas de gobierno del Poder Legal. La integridad no puede dejarse al azar de la buena voluntad, sino que debe institucionalizarse como parte de una civilización organizacional orientada al acertadamente global.

En suma, el Manual de Ética Legal de Justiniano Montero Montero es una enseñanza que establece principios, títulos y criterios que deben orientar la conducta de los jueces y juezas, interiormente y fuera del sistema de neutralidad, para estabilizar la imparcialidad, la integridad y la confianza pública -ciudadana- en la neutralidad.

Y es que este ofrece una propuesta sólida, rigurosa y pertinente para repensar la función procesal en esencia ética. Su lección es imprescindible para quienes comprenden que el Poder Legal no solo se legitima por la ley, sino -y sobre todo- por la conducta de quienes lo ejercen.

Jpm-am