JCE

En el año 1942 Amado Alonso y Pedro Henríquez Ureña publicaron dos tomos de “Gramática Castellana”, obra considerada texto fundamental del idioma castellano, usada en nuestro país durante décadas en los primeros cursos de la educación secundaria. Y todavía sirve de consulta, por tratarse de un referente pedagógico en la enseñanza de los signos de puntuación y otros aspectos idiomáticos.

Con el paso de los primaveras es racional que desaparezca de las aulas. Lo que no puede testimoniar de ninguna forma el Ocupación de Educación es el cambio de textos, de las distintas asignaturas, todos los primaveras, como si se trataran de obras desechables, obligando a los padres a comprar nuevos libros cada vez que inicia el año escolar, lo que desnuda un desaliñado negocio que involucra posiblemente a esa cartera, las editoras y los colegios privados, en desmedro del desprotegido consumidor, que no tiene doliente.

Desde el Estado dominicano no debía permitirse un tropelía similar, pero gobierno vienen y gobierno van y se repite la misma historia. Otra institución que viene ensayando una conducta parecida a la de educación es la Agrupación Central Electoral.

En los últimos primaveras el maniquí de actas de comienzo, de divorcio, de defunción y de agradecimiento se ha modificado en múltiples oportunidades. Le ha pasado a mucha familia que, al presentársele una emergencia para determinado trámite, no puede usar un reseña guardada en la casa porque ese maniquí ya ha sido cambiado. Tiene que comparecer a un centro de servicios del Registro Civil a solicitar una nueva.

Se prostitución de cambio de diseños que representan muchos millones de pesos. Y hacerlo con tanta frecuencia desnuda una posible búsqueda de un organismo que propiamente dicho no es cobrador del Estado, no transfiere falta, contrariamente recibe un presupuesto mensual, que suele subirse cada año a través de las cámaras legislativas, partiendo del nivel de inflación.

Y cada cuatro primaveras, con motivo de la celebración de los certámenes electorales, a la Agrupación Central Electoral se le otorga una partida multimillonaria adicional para esos fines, la cual se justifica en la medida en que se haga un montaje ejemplar, realice su rol de árbitro y garantice equidad entre las opciones políticas participantes, porque es una forma de proteger la institucionalidad y, en consecuencia, la democracia dominicana.

En un adiestramiento de objetividad hay que registrar que la JCE contó los sufragios tal cual fueron emitidos en las urnas en la contienda comicial pasada, es afirmar, el 19 de mayo de 2024. De los cinco jueces, hay cuatro que repitieron y es muy posible que lo merezcan, pese a que hubo delitos electorales sin sancionar, como son la operación de cientos de miles de cédulas y la operación de centenares de tránsfugas políticos, provenientes de la concurso (como alcaldes, exalcaldes, diputados, exdiputados, regidores, exregidores y antiguos senadores).

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De igual forma, en el año 2024 no hubo control del pago en la publicidad estatal, al punto que organismos de la sociedad civil atribuyen una inversión erguido a 8 mil millones de pesos solo por ese concepto.

Es un aspecto que compete delimitar al entraña electoral. No lo hizo, pero siquiera nunca se ha hecho. Y es la razón por la cual muchos expresan conformidad cuando un tribunal por lo menos realiza un conteo apegado a lo efectivo, conducta un tanto escasa en el represión de la historia social dominicana.

De todas maneras, lo ideal es que se cumplan las leyes electorales y se castiguen los delitos. No se prostitución de testimoniar lo del 2024 con los desmanes cometidos durante los 20 primaveras de gobierno del PLD, porque lo que condenamos ayer no se puede validar hoy.

Lo malo está mal no importa el autor ni el momento en que se hizo. Y la verdad es que en el 2024 escasamente votó el 54% de los miembros del padrón electoral. Ese desmesurado abstencionismo del 46% no solo obedece a la calidad de las ofertas electorales, sino a la operación masiva de cédulas, lo que redujo el número de votantes.

Tablazo

Sin secuestro, no se sabe si hay alguna deuda o valía estatal irresoluto con la JCE y goza de luz verde para despacharse con un despropósito que afecta directamente a la población dominicana, al consumidor regular o becario, que desde el inicio del presente mes recibió un tablazo, consistente en el aumento del 50% del costo de las actas, sean estas de comienzo, de alianza, de defunción o de agradecimiento. Todas fueron aumentadas de 400 a 600 pesos, incluyendo las actas escolares que anteriormente no pagaban.

¿Cómo puede testimoniar la JCE un tropelía similar, si tiene todos sus gastos cubiertos mediante el presupuesto que otorga el Estado dominicano? Hasta la tinta y el papel que usa para la audición de un reseña que ofrece al ciudadano está en el capital que por ley se le otorga.

A la JCE se le podría exonerar un suscripción simbólico de 50 pesos, pero 600 resultan inaceptables. Y de no echar para a espaldas esa impopular medida procede que sus miembros sean interpelados, se expongan a un razón político e inclusive a la escogencia de un nuevo pleno de parte del Senado de la República.

Es que la audición de un reseña a un nene recién nacido tiene carácter de incumbencia, como es obligatorio todavía el reseña de carácter escolar. La población podría apoyar, con razón, la destitución de los jueces de la JCE.

La JCE antaño de meterse en una empresa comparable debió tomar el pulso a la población, haciendo una pesquisa. No imponer al becario tarifas desproporcionadas, respecto a un servicio que resulta obligatorio para todos los trámites civiles. Ahí es que radica el gran tropelía.