Conocida es la célebre discusión acerca de a qué se debió que la dictadura de Hitler pudiese asentarse en un Estado constitucional y tolerante como la Alemania de la República de Weimar. La explicación tradicional está fundada en la citación “inscripción negra” del positivismo forense ilimitado: como lo sostuvo Carl Schmittla barbarie carca fue posible porque tanto a los burócratas como a los jueces alemanes les estaba prohibido desacatar las normas estatales aunque estas fuesen inconstitucionales, injustas o ilegales.

Una explicación, más cercana a la existencia histórica, es la provista por Bernd Rütherspara quien el derecho degenerado carca no surge de la obediencia ciega de burócratas y jueces al texto de normas injustas sino, sobre todo, por retornar injusto el Derecho positivo, dándole “envés a todo un ordenamiento forense nadie más que mediante interpretación”. Este viraje radical del Derecho llegó al extremo de aceptar como fuentes del Derecho el liderazgo “providencial” del Führer, la “comunidad étnico del pueblo”, el software del Partido Nazi, el espíritu del nazismo y el “sano sentimiento popular”.

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Reminiscencia lo preliminar a raíz de un conjunto de recientes decisiones de la Suprema Corte de los Estados Unidos respecto a demandas contra acciones del gobierno del presidente Donald Trump. En el caso Medina contra Planned Parenthood South Atlantic, la Corte autorizó a Carolina del Sur a negarse a proporcionar fondos de Medicaid a Planned Parenthood. Seguidamente, la Corte, en la controversia Trump contra CASA, Inc., dictó una intrepidez que permitió a la sucursal Trump implementar ampliamente su propuesta de eliminar la ciudadanía cibernética por principio. Ya antaño, la misma Corte, había decidido permitir al gobierno expedir a extranjeros a países con los que no tienen absolutamente ninguna conexión.

En estos casos nos encontramos frente a una diligencia estatal manifiestamente ilegal e inconstitucional: la ley federal exige que los Estados proporcionen financiación a cualquier persona elegible de cualquier proveedor de lozanía calificado, aún no le guste la política proaborto del proveedor; la cuna cibernética por principio es un derecho claramente asegurado por la Constitución; y permitir la deportación expedita de inmigrantes a países diferentes de sus lugares de origen, incluso si esos países atraviesan conflictos internos o situaciones de violencia extrema, y sin derecho a que el gobierno federal les notifique antaño a los migrantes su deportación, ofreciéndoles garantías de audiencia previo a ser enviados a países con condiciones peligrosas, es una clara violación a la Constitución y a las normas internacionales.

En ningún de estos casos, la Suprema Corte se molestó en analizar el fondo de las cuestiones, es aseverar, la manifiesta ilegalidad e inconstitucionalidad de la diligencia público, y se conformó irresponsablemente con absolver barreras procesales artificiales al derecho de las personas a impugnar jurisdiccionalmente esta diligencia, negándole certificación activa o “standing” a los accionantes.

Flavio Darío Espinal ha señalado que se ha producido “una especie de latinoamericanización del sistema constitucional de Estados Unidos”. En verdad, las viejas doctrinas autóctonas estadounidenses de la “presidencia imperial”, la “teoría unitaria del poder ejecutante” y las “cuestiones políticas” no justiciables han contribuido a la degeneración del derecho constitucional estadounidense y a la autofagocitosis del Estado constitucional, gracias a una judicatura y un Congreso reticentes a defender la Constitución, surgiendo así un “constitucionalismo autoritario-populista” como enfermedad autoinmune del sistema político estadounidense.