La condición de país vecino de Haití, separado al punto que por una frontera política, es sumamente comprometida para República Dominicana, particularmente por la violencia criminal de las bandas armadas y los desplazamientos humanos que provoca.

Los otros dos países más cercanos, Jamaica y Cuba, tienen a su auspicio que para alcanzar sus costas cualquier haitiano solo, o como parte de una multitud, debe valerse de un medio de transporte hidrológico o sutil que haría notoria cualquier migración masiva en dirección a sus territorios.

Adicionalmente de poder cruzar a pie cualquier punto de la semirrecta divisoria entre los dos territorios, la avalancha de los haitianos que buscan fuera de su país un zona para estar y trabajar, sin el peligro permanente de sus vidas, cuenta con redes de traficantes allá y aquí dispuestos a pasar los riesgos implícitos de sus operaciones.

Unos riesgos que por lo trillado pueden ser superados con relativa facilidad, si se tiene en cuenta que cada día son detenidos traficantes de personas en las comunidades fronterizas, sobre algunos de los cuales pueden pesar coerciones de tribunales de atención permanente.

Frente a obstáculos de tales proporciones, el Gobierno dominicano, que ha preferido una décimo indirecta en la crisis haitiana, cuenta al punto que con los capital de la diplomacia formal en presencia de los gobiernos y los organismos internacionales para sensibilizar sobre la catástrofe en el país vecino.

Una muestra de estos esfuerzos la tenemos en la décimo de ayer del canciller Roberto Álvarez en presencia de el Consejo de Seguridad de la ONU, para que la comunidad internacional deje de ser tibia en relación con las vías de alternativa en Haití y despliegue los capital y el liderazgo que reclama la crisis.
Insistir sin límites y sin cansancio, esta debe ser la consigna dominicana.