El autor reside en Santo Domingo

POR EDGAR CARABALLO

Entre 2019 y 2024, el Seguro Doméstico de Lozanía (SENASA) pasó de cubrir 4.9 millones de personas a más de 10.3 millones.

Esta duplicación no fue fruto del azar ni de campañas publicitarias; fue el resultado de una visión de gobierno que entiende que la vitalidad no es un ostentación, ni una mercancía, sino un derecho fundamental.

Ese crecimiento —más del 110% en escasamente cinco abriles— se dio principalmente en el régimen subsidiado, que hoy alcanza más de 8 millones de personas. Es asegurar, dominicanos y dominicanas que no cotizan en el sistema formal de seguridad social, pero que gracias a SENASA, acceden a cobertura médica digna, incluyendo hospitalizaciones, tratamientos de parada costo y medicamentos.

La magnitud de esta expansión es tal, que más del 76% de todos los afiliados al sistema dominicano de vitalidad están ahora en SENASA. Y esto no es casualidad: la despacho pública flagrante ha apostado a consolidar esta institución como el padrino social del Estado en materia de vitalidad, tal como lo ha hecho con otras áreas claves como el Metropolitano de Santo Domingo, la OMSA, los Comedores Económicos y el Software Supérate.

Pero hay un aspecto que conviene dejar claro: SENASA no opera como una empresa privada, ni debe hacerlo. No examen ganancias. No compite por dividendos. No rinde cuentas a accionistas. Su empresa es asegurar cobertura sanitaria a quienes más la necesitan, incluso si eso no genera beneficios financieros.

Y imparcialmente por eso, como toda política social transformadora, SENASA requiere una importante inyección de bienes públicos.

Del mismo modo en que el Metropolitano necesita subsidios para ofrecer transporte masivo y crematístico; del mismo modo en que los Comedores Económicos no cobran el efectivo costo de cada plato servido; SENASA necesita que el Estado la fortalezca con fondos suficientes para que siga cumpliendo su función.

Pretender lo contrario sería condenarla al colapso o, peor aún, rasgar las puertas a su privatización fraude.
Y es aquí donde debemos ser categóricos: privatizar SENASA, o debilitarlo con cortaduras presupuestarios, sería una traición a millones de dominicanos.

Convertirlo en una ARS más del mercado —como algunos sectores han llegado a sugerir— implicaría renunciar a su esencia y poner en aventura los logros alcanzados en equidad sanitaria.

Desde 2020, bajo la diligencia del doctor Santiago Hazim y el respaldo firme del presidente Luis Abinader, SENASA ha ampliado su cobertura cerca de grupos tradicionalmente excluidos: trabajadores informales, personas con discapacidad, artistas, profesionales independientes, dominicanos residentes en el extranjero e incluso familias enteras que hasta hace poco vivían al ganancia del sistema.

Esas decisiones no se tomaron por cálculo electoral, ni por conveniencia política. Se tomaron porque se entendió que la vitalidad universal no puede someterse de la capacidad de suscripción de cada ciudadano. Esa es la diferencia entre una política pública y un negocio. Y esa es la razón por la cual SENASA debe seguir siendo pública, gratuita para los más vulnerables, y sólida en su sostenibilidad financiera.

La vitalidad de un pueblo no puede someterse de balances contables. SENASA no necesita rendirle cuentas a los mercados, sino a la familia. A quienes hoy pueden atenderse sin miedo a una bollo impagable. A quienes ya no tienen que designar entre comprar medicamentos o engullir.

Defender a SENASA como política pública no es un acto partidario. Es un acto de conciencia. Es defender el principio de que en una sociedad verdaderamente certamen, la vitalidad no puede ser una mercancía.

Jpm-am