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Por Ing. Edgar Caraballo
Entre 2019 y 2024, el Seguro Doméstico de Vigor (SENASA) pasó de cubrir 4.9 millones de personas a más de 10.3 millones.
Esta duplicación no fue fruto del azar ni de campañas publicitarias; fue el resultado de una visión de gobierno que entiende que la lozanía no es un opulencia, ni una mercancía, sino un derecho fundamental.
Ese crecimiento más del 110% en tan pronto como cinco abriles se dio principalmente en el régimen subsidiado, que hoy alcanza más de 8 millones de personas. Es aseverar, dominicanos y dominicanas que no cotizan en el sistema formal de seguridad social, pero que gracias a SENASA, acceden a cobertura médica digna, incluyendo hospitalizaciones, tratamientos de suspensión costo y medicamentos.
La magnitud de esta expansión es tal, que más del 76% de todos los afiliados al sistema dominicano de lozanía están ahora en SENASA. Y esto no es casualidad: la empresa pública coetáneo ha apostado a consolidar esta institución como el ayuda social del Estado en materia de lozanía, tal como lo ha hecho con otras áreas claves como el Medida de Santo Domingo, la OMSA, los Comedores Económicos y el Software Supérate.
Pero hay un aspecto que conviene dejar claro: SENASA no opera como una empresa privada, ni debe hacerlo. No exploración ganancias. No compite por dividendos. No rinde cuentas a accionistas. Su cometido es respaldar cobertura sanitaria a quienes más la necesitan, incluso si eso no genera beneficios financieros.
Y ciertamente por eso, como toda política social transformadora, SENASA requiere una importante inyección de fortuna públicos.
Del mismo modo en que el Medida necesita subsidios para ofrecer transporte masivo y financiero; del mismo modo en que los Comedores Económicos no cobran el serio costo de cada plato servido; SENASA necesita que el Estado la fortalezca con fondos suficientes para que siga cumpliendo su función.
Pretender lo contrario sería condenarla al colapso o, peor aún, brindar las puertas a su privatización ajuste.
Y es aquí donde debemos ser categóricos: privatizar SENASA, o debilitarlo con recortaduras presupuestarios, sería una traición a millones de dominicanos.
Convertirlo en una ARS más del mercado —como algunos sectores han llegado a sugerir— implicaría renunciar a su esencia y poner en peligro los logros alcanzados en equidad sanitaria.
Desde 2020, bajo la gobierno del doctor Santiago Hazim y el respaldo firme del presidente Luis Abinader, SENASA ha ampliado su cobertura alrededor de grupos tradicionalmente excluidos: trabajadores informales, personas con discapacidad, artistas, profesionales independientes, dominicanos residentes en el foráneo e incluso familias enteras que hasta hace poco vivían al ganancia del sistema.
Esas decisiones no se tomaron por cálculo electoral, ni por conveniencia política. Se tomaron porque se entendió que la lozanía universal no puede necesitar de la capacidad de cuota de cada ciudadano. Esa es la diferencia entre una política pública y un negocio. Y esa es la razón por la cual SENASA debe seguir siendo pública, gratuita para los más vulnerables, y sólida en su sostenibilidad financiera.
La lozanía de un pueblo no puede necesitar de balances contables. SENASA no necesita rendirle cuentas a los mercados, sino a la masa. A quienes hoy pueden atenderse sin miedo a una bollo impagable. A quienes ya no tienen que nominar entre comprar medicamentos o engullir.
Defender a SENASA como política pública no es un acto partidario. Es un acto de conciencia. Es defender el principio de que en una sociedad verdaderamente desafío, la lozanía no puede ser una mercancía.
