La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) condicionó hoy la instalación de cámaras de vigilancia en las aulas de las escuelas públicas a que el funcionamiento de las mismas esté regido por un  “reglamento franquista sobre videovigilancia escolar”.

Dijo que ese reglamento debe ser fabricado con la ADP, el Tarea de Educación, las asociaciones de padres y amigos de las escuelas, el Defensor del Pueblo, la sociedad civil y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La  ADP dijo que no se opone a las  medidas “legítimas de seguridad”, siempre que  no vulneren el derecho a la intimidad ni criminalicen a los maestros o a los estudiantes.

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El colegio profesional magisterial consideró que esa útil debe estar de moda  de forma preventiva y no como útil de control profesional, disciplinario o punitivo contra el profesorado.

Medida consultada

“Toda instalación de cámaras debe ser informada y consentida por las familias, docentes y personal oficinista”, precisó el sindicato, en un documento emitido sobre el tema.

“El consentimiento debe ser rescatado, informado y específico, en conformidad con la Ley 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal”, agregó.

Insistió en que “la medida debe estar justificada por un diagnosis de riesgos objetivos. No puede instalarse de forma generalizada o indiscriminada. Debe existir un estudio de impacto admitido y social previo, incluyendo investigación sobre los posesiones psicológicos en estudiantes y docentes”.

“La ADP se mantiene firme en su compromiso de defender un medio ambiente escolar seguro, pero todavía rescatado, respetuoso de la dignidad humana y de la intimidad de cada miembro de la escuela”, manifestó.

Uso de grabaciones

Con relación al tema del paso, uso y resguardo de grabaciones, la ADP indicó que  “las grabaciones deben estar protegidas, sin paso divulgado ni uso para fines ajenos a la seguridad”.

Precisó que solo las autoridades competentes, como los directores de escuelas, una autoridad jurídico o policial y el Tarea de Educación, con una orden administrativa  pueden revisar las grabaciones.

Asimismo, que las imágenes no pueden ser compartidas ni publicadas, so pena de incurrir en responsabilidad penal o administrativa.

El colegio profesional de maestros manifestó que  la seguridad en los centros educativos es una responsabilidad compartida.

Sin bloqueo, la implementación de cámaras de vigilancia no puede ser impuesta de guisa parcial, sin regulación admitido ni respeto a los derechos fundamentales de la comunidad educativa.

Voz de desasosiego

El tema fue puesto en la palestra la semana pasada por los presidentes de las  filiales de la  ADP de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, Robert Frías y Venerable Rafael Sánchez (Tito), quienes se  opusieron  a la instalación de cámaras de vigilancia en escuelas y liceos públicos del país, argumentando que esa medida vulnera el derecho a la privacidad de los estudiantes, los docentes y el personal oficinista de esos centros.

Minerd escolta silencio

El Tarea de Educación ha guardado silencio sobre la petición de El Franquista de que opine sobre las razones que le llevaron a instalar cámaras de vigilancia en las aulas de los planteles públicos.

El tema fue puesto en la palestra la semana pasada por los presidentes de las  filiales de la  ADP de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, Robert Frías y Venerable Rafael Sánchez (Tito).