EL AUTOR es político. Reside en Raleigh, Estados Unidos.

Mientras el mundo miraba estupefacto alrededor de la República dominicana, y el país sucumbía en llorera, dolor e incredulidad, el pasado día 8 de este mes el Tribunal Constitucional del Estado dictó  sentencia acogiendo un expediente de amparo que había sido denegado por el Tribunal Superior Oficinista tiempo antes.

Ese expediente de amparo fue interpuesto por los representantes legales de una treintena de nacionales haitianos que reclaman derechos de país dominicana.

Con anticipación, en el año 2013 este Tribunal Constitucional, presidido en ese entonces por el Dr. Milton Ray Guevara, se vistió de honor al sentar justicia con la sentencia inolvidable 168-13 que definió quienes podían ser ciudadanos dominicanos, recalcando los designios legales del artículo 11 de nuestra Constitución, el cual ya había sido refrendado por una sentencia de la Suprema Corte de Honradez en el año 2006.

El origen de la incongruente sentencia 0067-25 se remonta a la ley de naturalización 169-14; esta ley fue el bajadero usado por el expresidente Danilo Medina para en un acto de reverencia frente a los organismos internacionales, claudicar a los derechos de soberanía migratoria que sostenía la fuerte sentencia 168-13 del año aludido.

Los procónsules internacionales interesados en la creación de un solo Estado en la isla, acosaron al presidente Medina hasta conducirlo a la violación de leyes y reglamento de las instituciones que, como la Grupo Central Electoral y su registro civil, tienen que ver con la puesta en circulación de actas de arranque y cedulas para los dominicanos.

Así fue que, luego de arrodillado el gobierno y las instituciones legales y migratorias, se procedió a crear los listados de nacionales haitianos que, sin pulvínulo permitido, ni documentos probatorios de identificación, se proponían reglamentar como dominicanos o como residentes legales.

Esas presiones y luego las violaciones a nuestra Constitución y sus leyes, crearon problemas de institucionalidad política, que redundaron hasta en humillaciones personales de los representantes de las instituciones.

Esos 32 ciudadanos haitianos proceden de esos listados; ya estaban en el proceso de fuerza de documentos del Empleo de Interior y Policía para la juramentación como ciudadanos dominicanos, pero la error de documentos requeridos para la ceremonia, retrasaba la misma y eso motivó el expediente de amparo.

La acogencia de este expediente por el Tribunal Constitucional, no sería sospechosa, si no condicionara de guisa futura los reclamos de indocumentados basados en las mismas falencias de estos que se acaban de acoger.

Siquiera sería sospechosa si no se hubiera colado y publicado en el momento en que la atención de la Nación estaba concentrada en la tragedia del Jet Set.

Curso agitado

Con esta sentencia, este Tribunal Constitucional, señalado e impuesto por el presidente Abinader, sigue su agitado curso en contra de los sagrados intereses nacionales; eso se vio claro con la sentencia que despojó a la Nación de nuestras aguas territoriales a crédito del Reino de los Países Bajos.

En efectividad, el Tribunal Constitucional es solo una parte de la comparsa; el gobierno de Luis Abinader tiene una amplia billete de funcionarios enemigos de la Nación dominicana.

Tiene un canciller “extranjero” que lo menos que hace es defender el interés dominicano, tiene un director de la Mesa de las Migraciones que fue acusador del país en las Cortes de la Haya; y tenía un ministro de peculio que abiertamente acusaba al pueblo dominicano de racista.

Con un “lineup” de esta categoría y el árbitro en contra, es ficticio que el equipo de los patriotas gane el coyuntura de sustentar la Soberanía Franquista.

Jpm-am