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Espacioal igual que la República Dominicanatiene en la industria turística una de sus principales fuentes de divisaspero su administración de las plataformas de locación de corta duración es radicalmente distinta.
La nación ibérica, que en 2024 recibió más de 90 millones de visitantes (frente a poco más de 10 millones en la República Dominicana), ha decidido representar con firmeza a partir del 1 de julio para proteger su sector hotelero regulado y frenar la competencia desleal de plataformas como Airbnb Y Reserva.
Desde el 1 de julio, Espacio exigirá que Airbnb Y Reserva remitan mensualmente a la Oficina datos detallados del mes inicial -dirección del inmueble, número de noches, huéspedes por tinieblas, país de procedencia, fechas, URL del anuncio y número de registro- a través de una Ventanilla Única Digital.
Lás pymes Y micropimia remitirán esta información de forma trimestral. Adicionalmente, todos los alojamientos deberán contar con un número identificativo emitido por el Registro de la Propiedad (con un costo de 27 euros, más el impuesto de valencia apéndice, solo otorgado si cumplen normativas urbanísticas y poseen abuso.
Las plataformas deberán realizar inspecciones aleatorias y informar sus resultados a la Oficina. Igualmente se ha colocado el interrupción de más de 65,000 anuncios ilegales en Airbnb -sin número de abuso o con datos incorrectos- para proteger la vivienda residencial y pelear contra la masificación turística.
El decreto derogado
El pasado 4 de abril, Diario Redimido reveló la existencia del Decreto 30-25que creaba el Reglamento para regular la percepción y aplicación del impuesto sobre transferencia de riqueza industrializados y servicios (Itbis) en servicios digitales proporcionado por proveedores extranjeros y consumidos en el país, como los ofrecidos por Airbnb y otras plataformas.
“El decreto será derogado“, afirmó Homero Figueroavocero de la Presidencia, horas a posteriori de la publicación del diario.
La norma, aprobada en enero y publicada en la Periódico Oficial No. 11186el 25 de enero de 2025, debía entrar en vigor seis meses a posteriori de su expulsión, aproximadamente en julio, y establecía, entre otras disposiciones:
- Designar a los proveedores no residentes ni domiciliados en la República Dominicanadirectos o indirectos (comisionistas), como agentes de percepción del 100 % del Itbis sobre los servicios ofrecidos a través de plataformas digitalesque sean utilizados, consumidos o captados en comarca dominicano.
- Establecer un procedimiento de registro, agencia, baratija y plazo del Itbisaplicable a proveedores no domiciliados ni residentes en el país que, desde el extranjero, comisionan o prestan servicios a través de plataformas digitalessiempre que estos sean utilizados, consumidos o captados en la República Dominicana.
La medida buscaba cerrar una brecha fiscal en la crematística digital y avecinar el situación normativo dominicano a estándares internacionales, pero fue retirada antaño de entrar en vigencia, dejando puro el vano tributario que favorece a estas plataformas. A la vencimiento se mantiene el vano lícito.
En contraste, la República Dominicana sigue sin una regulación efectiva sobre estas plataformas. Operan sin respaldar el Itbis, sin registrarse en presencia de la Dirección Caudillo de Impuestos Internos (DGII) y sin licencias.
En febrero de 2024 había más de 47,000 propiedades activas en estas plataformas, con 117,000 habitaciones disponibles -un 37 % más que la capacidad hotelera formal-.
La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) y otros actores del sector han denunciado la competencia desleal de un mercado sin control inmobiliario, profesional ni inodoro.
Adicionalmente presiona el precio de viviendas residenciales hasta un 30 % en zonas céntricas y de amplia presencia de visitantes como las provincias Santo Domingo o Santiago.
