EFE.- Un agrupación de exfuncionarios de EE.UU., republicanos y demócratas, alertó este sábado a través de una carta abierta sobre el supuesto exageración de poder del presidente Donald Trump por presunta venganza a sus críticos luego de que este retirara las credenciales de seguridad de dos exfuncionarios.

La carta incluye unas 200 firmas, entre ellas la de Ty Cobb, abogado distinto de Trump en su primer mandato, y otros exfuncionarios de Gobiernos republicanos especializados en seguridad franquista, que aluden a dos memorandos ejecutivos del mandatario estadounidense de principios de abril “dirigidos” a personas específicas.

Los memorandos castigaban a Chris Kebs, exlíder de la Agencia de Ciberseguridad, por rehusar que las elecciones de 2020 fueran “robadas”, y a Miles Taylor, exjefe de personal del Área de Seguridad Franquista, por “diseminar falsedades” en un ejemplar bajo seudónimo crítico con Trump.

“Estas acciones ejecutivas representan una peligrosa ascenso en el exageración del poder presidencial: manipular las agencias federales para ejecutar venganzas personalizadas”, dicen los firmantes que consideran que Trump ataca la soltura de expresión de esos exfuncionarios y le instan a revocar las medidas.

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La advertencia de Trump a funcionarios de EE.UU.

Sostienen que Trump rompe con presidentes de entreambos signos políticos que han «evitado incluso la apariencia de irregularidad o influencia», lo vinculan con episodios hoy «vergonzosos» de EE.UU. como la «directorio de enemigos» de Richard Nixon y, advierten, va en el «camino de la autocracia, no la democracia».

«Comportamientos de este tipo se esperan más de un miembro déspota de la realeza que del líder electo de una república constitucional», agregan.

Mientras que, Trump anunció ayer en su red social Truth Social que pronto emitirá nuevas «regulaciones» para empleados gubernamentales de carrera, para que, «en el caso de rehusar promocionar los intereses de política del presidente o tengan comportamientos corruptos» se puedan despedir fácilmente.

Según el presidente, esas regulaciones, que desarrollan una orden ejecutiva previa, permitirán al Gobierno «funcionar como una empresa», pero los expertos advierten que puede desproteger a miles de funcionarios bajo la manera de unos «intereses de política» que no están claros.