Trajano Potini, presidente de la polímero

SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) salió en defensa de la jueza que dispuso la familiaridad condicional de los propietarios de la colapsada discoteca Jet Set.

El sindicato respaldó la «independencia y autonomía» con la que deben proceder los jueces, delante lo que calificó de ola de cuestionamientos y presiones en torno a la intrepidez de Veloz.

«Este caso, que ha provocado una intensa conmoción social por tratarse de la trágica asesinato de 236 personas, ha desatado una avalancha de reacciones mediáticas, reclamos ciudadanos y pronunciamientos del Ocupación Sabido y de los abogados de las víctimas, lo cual ha desbordado los límites del respeto institucional y del conveniente proceso de ley», expresó el CARD en un comunicado.

Explicó que Veloz, en el adiestramiento de su rol como autoridad legislativo, dictó una medida de coerción conforme a los principios del derecho penal y procesal penal dominicano, amparada en su genio constitucional y judicial, cuya medida aun cuando es distinta a la prisión preventiva no equivale a una intrepidez impune, ni representa el vallado del proceso.

Veloz impuso el jueves pasado una fianza de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país al propietario del Jet Set Antonio Espaillat, al igual que a su hermana Maribel, acusados por el Ocupación Sabido de homicidio involuntario. Igualmente solicitó 18 meses de prisión para el primero y prisión domiciliaria para la segunda.

«Esta medida no debe ser interpretada como una absolución anticipada ni como una abjuración de equidad, sino como una concierto basada en criterios jurídicos, el proceso al punto que comienza, y será en ese curso procesal donde deberán presentarse las pruebas y ejercerse los derechos tanto de las víctimas como de los imputados», refirió el CARD.

Tildó de jurídicamente «desproporcionada» la solicitud del Ocupación Sabido de imponer 18 meses de prisión preventiva a los imputados, en un caso en que, conforme a las normas actuales y aparte que se presenten agravantes probadas, la eventual pena podría oscilar entre tres meses y dos abriles.

«No podemos permitir que el sistema de equidad se vea distorsionado por decisiones que parezcan replicar más al clamor popular que a la razón jurídica», consideró.

JT/AM