El conflicto entre el Cabildo de Higüey y la Sociedad Distrital de Verón-Punta Cana ha escalado a una nueva etapa, marcada por acciones legislativas, ataques políticos directos y una lucha cada vez más delantero por el control del distrito, los posibles y las competencias municipales en la zona turística más importante del país.

CEPM EN LA MIRA POR ARBITRIOS

El punto más flamante de esta confrontación surgió tras una notificación enviada por la Sociedad Distrital de Verón-Punta Cana al Cabildo de Higüey, en la que se denuncia la terminación del acuerdo tripartito que involucraba asimismo al Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM), referente a la cobranza de arbitrios municipales en la demarcación turística. Tras esta notificación, CEPM confirmó que ha recibido el acto de alguacil, pero dejó claro que aún no ha fijado una posición definitiva, ya que se encuentra estudiando el documento con su equipo legítimo.

“CEPM, comprometido con el respeto a la ley y las normativas vigentes, está estudiando con sus abogados la notificación recibida y no ha definido aún una posición sobre la situación entre ambas municipalidades”, expresó la empresa en un comunicado.

Esta respuesta ha sido interpretada como una evasiva por el director distrital Ramón Antonio Ramírez (Manolito), quien advirtió que demandará a CEPM por negarse a acatar el contenido de la notificación. Ramírez advirtió este que someterá judicialmente al Consorcio Energético Punta Cana–Macao (CEPM) si esa empresa insiste en desconocer la notificación enviada al Cabildo de Higüey sobre la terminación del denominado acuerdo 50/50 suscrito en el 2013, mediante el cual los dos cabildos distribuyen en partes iguales las tasas municipales que paga la empresa eléctrica por sus operaciones en la zona turística.

“Vamos a ir en contra de CEPM y les vamos a hacer que paguen retroactivo desde el 2013 lo que han dejado de abonar a Verón, porque si ellos no quieren aceptar lo que manda la ley, los vamos a demandar”, sostuvo el director distrital de Verón-Punta Cana, durante una entrevista telefónica en el software radial La Revuelta de la Mañana, de Reunión de Medios EB.

DIPUTADOS DE HIGÜEY BUSCAN CAMBIAR ARTÍCULO CLAVE

El conflicto asimismo se ha trasladado al Congreso Franquista. La semana pasada, cinco diputados de Higüey, encabezados por Onavel Aristy, presentaron un esquema de ley que exploración modificar el artículo 24 de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. Esta modificación pretende establecer un régimen de planificación conjunto para territorios interdependientes, lo que implicaría que Verón- Punta Cana seguiría subordinado al gobierno municipal de Higüey en términos de planeamiento urbano.

En respuesta, Manolito calificó a los legisladores como “enemigos de Verón” y “abusadores”, acusándolos de violar contra la autonomía del distrito turístico. “Esos diputados son enemigos de Verón. Son unos abusadores. Esperamos que cuando vengan a averiguar votos la comunidad les dé un rechazo total. Esos diputados quieren modificar una ley que aún no está válido”, sentenció el funcionario.

LEY 368-22 Y EL ARTÍCULO 24 EN DISPUTA

El artículo 24 de la Ley 368-22 establece que los gobiernos locales con una población longevo de 15 mil habitantes —según el Censo de 2010— y con capacidad económica y de cobranza, pueden encargar el uso de suelo de modo autónoma, en coordinación con el Ocupación de Heredad, Planificación y Mejora (MEPyD). Para Verón, esta disposición representa un paso secreto para consolidar su independencia administrativa frente a Higüey. La propuesta de modificación presentada por los diputados de Higüey, según Aristy, exploración “incorporar un régimen de planificación vinculada entre territorios interdependientes”, promoviendo un explicación “ecuánime y coordinado”. Sin incautación, para sectores de Verón, esta es una maniobra para frenar el avance de su autonomía. El parada dirigente del Partido Revolucionario Novedoso (PRM) y ex candidato a la dirección distrital por este partido, Steven García, tiene un punto disidente contra el preliminares que exploración modificar el artículo 24 de la Ley de Ordenamiento Territorial.

“Lo que intentan con la modificación del artículo 24 de la ley 368-22 no solo va contra Verón. Va contra cualquier distrito que quiera manejar su explicación con orden y autonomía. La Altagracia no necesita más controles políticos. Necesita inversión, respeto a la ley y líderes que piensen en toda la provincia”, puntualiza García.

FEDODIM RECHAZA INTENTOS DE MODIFICACIÓN

La Asociación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) asimismo alzó su voz en medio de esta creciente tensión territorial, expresando su más enérgico rechazo a la propuesta de modificación del artículo 24 de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial. La entidad considera que esta iniciativa representa una dificultoso amenaza a la autonomía municipal y un leñazo directo a la representatividad democrática de las juntas de distrito municipal en todo el país.

Pedro Richardson, director ejecutante de Fedodim, fue enfático en sus pronunciamientos: “Esta propuesta, aunque se disfrace de coordinación, es en efectividad un misil a la tendencia de flotación de la de democracia lugar. Se pretende borrar de un plumazo la voz de las comunidades, imponiendo desde en lo alto un maniquí de planificación que ignora las evacuación de nuestra familia”. Fedodim advirtió que el llamado “régimen de planificación vinculada” que propone la modificación crearía una peligrosa doble subordinación para los distritos municipales, al dejarlos sujetos no solo al concejo almohada, sino asimismo a decisiones negociadas entre otros municipios, sin voz ni voto de la agrupación distrital afectada.

Adicionalmente, la alianza tildó la modificación como legislativamente innecesaria, pues la Ley 368-22 ya contempla los Planes Especiales de Ámbito Supramunicipal como útil válida para la coordinación territorial, y la Ley 176-07 permite mancomunidades de forma voluntaria. “No necesitamos más leyes que generen conflictos. Necesitamos que se cumplan y se fortalezcan las existentes”, concluyó Richardson. Fedodim llamó al Congreso Franquista a rebotar la propuesta y defender la descentralización y la democracia de proximidad, advirtiendo que una modificación como la planteada no traería orden, sino caos institucional.

LA LUCHA POR EL PODER Y LOS RECURSOS

Este conflicto no es nuevo, pero ha cobrado fuerza en los últimos primaveras a medida que Verón-Punta Cana ha consolidado su peso financiero y demográfico.

El distrito concentra la longevo parte de la inversión turística y de infraestructura de la provincia La Altagracia, pero continúa dependiendo legalmente del cabildo de Higüey, lo que genera tensiones en torno a la cobranza de arbitrios, la planificación urbana y la prestación de servicios. Desde Verón se alega que Higüey se ha presbítero durante primaveras de los posibles generados en la zona turística sin reinvertir proporcionalmente en sus evacuación. Del otro flanco, sectores políticos de Higüey insisten en persistir la provincia unificada, argumentando que dividir las competencias debilitaría la diligencia territorial y el explicación global.

Sin incautación, la clase política, social y empresarial de Higüey dice que están de acuerdo con Verón- Punta Cana sea elevado a municipio. Para Steven García, existe una preocupante contradicción entre el discurso conocido de apoyo a que Verón trascendencia un nuevo nivel de municipalidad y las acciones legislativas en curso. “Coincidimos en que Verón merece ser municipio, con autonomía positivo y sin condiciones. Pero preocupa que mientras se reconoce ese derecho asimismo se impulse una reforma a la Ley 368-22 que puede limitarlo”, cuestiona García.

Advirtió que la verdadera solidaridad entre territorios no puede sustentarse en reformas que atenten aten el futuro a esquemas del pasado. “La verdadera solidaridad entre territorios se construye con neutralidad, no con reformas que amarran el pasado. La Altagracia necesita inversión, visión y reglas claras. No se puede musitar de respaldo a Verón mientras se promueve una modificación que le resta lo que por ley le corresponde”, puntualizó el dirigente político.

PANORAMA INCIERTO

Con frentes abiertos en lo legítimo, político y legal, el conflicto entre Verón y Higüey parece remotamente de resolverse. Lo que comenzó como una pugna por arbitrios y uso de suelo ha devenido en una disputa más profunda por el poder lugar y la representación territorial. El desenlace dependerá de decisiones judiciales, movimientos legislativos y, sobre todo, del respaldo ciudadano que logre cada parte. Por ahora, lo único claro es que la lucha por el control de Verón-Punta Cana ha entrado en una etapa más agresiva y estratégica.

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