La lucha contra el crimen organizado es una batalla que vienen librando los países en los últimos 30 abriles. En 1975 la ley 165 sobre drogas no contemplaba la posibilidad de castigar el uso del moneda que generaba la actividad ilícita, ni siquiera que en materia de mariguana como sustancia controlada, la semilla del matojo, estuviera contemplada como ilícita, siquiera su siembra.

En el año 1988, se promulga la ley 50/88 sobre drogas y sustancias controladas de la República Dominicana con una propuesta persecutoria más amplia, longevo severidad en las sanciones y control de los medicamentos cuyo compuesto incluyera droga.

Durante la división de los 80 y 90 se fue creando las opiniones y criterios que luego daría al traste con la ley para perseguir el lavado de activo, el cual surge oficialmente en el año 2000 con la Convención de Palermo, Italia donde la ONU produce un documento en el cual condena el lavado del moneda venido de actividades ilícitas y cada país se comprometió a crear una ley sobre la materia.

En 2017 finalmente la República Dominicana promulga y pone en ejecución la ley 155/17 sobre lavado de activos provenientes del narcotráfico, financiamiento del terrorismo y el tráfico ilegal de armas de fuego colocando a la República Dominicana en la dinámica mundial de la persecución del crimen organizado y la cooperación internacional, que ya había sido tratada en el Código Procesal Penal.

El Artículo 23 de la ley prevé el secuestro de los beneficios involucrados en el lavado de activos:

“Artículo 23.- Procedencia. Al investigarse una infracción prevista en esta ley, el sentenciador de la instrucción competente, a solicitud del Tarea Divulgado, ordenará, en cualquier momento y sin carencia de notificación ni audiencia previa, una orden de secuestro, incautación o inmovilización provisional de beneficios muebles o productos bancarios, u concurso a transferencia de beneficios inmuebles, con el fin de preservar la disponibilidad de beneficios muebles e inmuebles, productos o instrumentos relacionados con la infracción, hasta tanto intervenga una sentencia contencioso con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Esta disposición incluye la incautación o inmovilización de fondos bajo investigación en las instituciones que figuran como sujetos obligados en esta ley, así como la distribución provisional de empresas o negocios”.

Ahora perfectamente, en ninguna parte de la ley se prevé que dichos beneficios deban dejarse deteriorar sin uso, tal como ha ocurrido casi regularmente. El secuestro implica un apoderamiento provisional hasta tanto, en un seso hablado, publico y contradictorio, se demuestre la actual procedencia del perfectamente, pero mientras eso ocurre, si se proxenetismo de un perfectamente inmueble en plena producción, no tiene sentido dejar que se deteriore a tal graduación, que una vez concluido el proceso, se encuentre en condiciones inservibles.

No prever ese resultado y dejarlo deteriorar, no sólo va en contra del propietario, que sigue siéndolo hasta que un Sentenciador pronuncie una sentencia que lo despoje del perfectamente, sino que los empleados pierden su trabajo, sus prestaciones laborales, su seguridad social, y hasta el Estado pierde puesto que ese negocio deja de cotizarle a través de los mecanismos de cobro que tiene.

Tenemos varios ejemplos en nuestra ciudad. La periodo de gasolina que funcionaba en la Avenida Frank Grullón cumbre Bienvenido Fuertes Duarte, un edificio de apartamentos que se arrabalizó en la calle Duarte entre San Francisco y El Carmen. La periodo de gasolina que funcionaba en Güiza, en este extremo caso, supe de primera mano que los surtidores utilizados para el expendeduría del combustible, no tenían ni un año de comprado y costaron cada uno merienda mil dólares, lo que constituye un cierto desperdicio.

Si al final de la excursión resulta que el Tarea Divulgado no puede probar su imputación y es descargado el imputado y devuelto sus beneficios ¿Quién avala por el daño y el detrimento de los beneficios que no fueron debidamente cuidados por el secuestrario? ¿pudo haberse evitado dicho daño? pienso que sí, nombrando un administrador que lo mantuviera funcionando y rindiendo cuentas claras y transparentes, se evita todo este daño.

La obligación del Estado, representado en la persecución penal por el Tarea Divulgado, es propender por el bienestar social, por las garantías de los derechos de cada ciudadano, aún aquel que está siendo sometido por delito. La persecución debe ser sensata, enjundiosa, estratégica y que tienda a provocar, en la medida de lo posible, el beocio daño posible.

Implica encima la preservación de las garantías procesales del oportuno proceso que ampara a los imputados, y ejercerla con una cierta empatía, puesto que el imputado no es enemigo del empleo notorio a título personal, son dos criterios, dos derechos que se enfrentan esperando la osadía de un engendro imparcial que es el Sentenciador.

Relacionado