COLOMBIA. En un viraje codicioso en su táctica antidrogas, el gobierno colombiano ha atrevido un software: fertilizar a miles de campesinos para que arranquen con sus propias manos las matas de coca —cojín de la cocaína— con la promesa de impulsar cultivos lícitos como el café y el jaleo.

La medida examen resumir drásticamente los cultivos ilegales en zonas históricamente controladas por grupos armados y economías ilícitas. Según informaciones de la agencia AFP, este nuevo plan representa una de las apuestas más arriesgadas del presidente Gustavo Petro desde su presentación al poder en 2022, quien insiste en reemplazar la tradicional política punitiva con soluciones que incluyan al campesinado en la transformación del condado.

Uno de los casos emblemáticos es el de Alirio Caicedo y su hijo Nicolás, residentes del municipio de Argelia, enclavado en el conflictivo Cañón del Micay, en el suroeste del país.

Ellos forman parte de las más de 3.900 familias que ya firmaron su compromiso con este maniquí de erradicación voluntaria. Como parte del acuerdo, recibieron un primer desembolso de poco más de 300 dólares a cambio de acelerar las plantas con sus propias manos.

“Es duro”, confiesa Nicolás, de 44 primaveras, mientras trabaja con su padre de 77 con palas para eliminar casi dos hectáreas de coca. “Cuando uno siembra una mata, tiene la esperanza de que va a acontecer una cosecha y, por consiguiente, parné”, dice. “Ahora, arrancarla es aprender que no habrá ingreso fijo”. El plan incluye un total de 12 pagos: uno original por la erradicación y los siguientes para flanquear la transición alrededor de cultivos legales.

La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, liderada por Victoria Miranda, estima que se eliminarán al menos 45.000 hectáreas de coca en zonas de suscripción conflictividad. En 2023, Colombia alcanzó un récord con 253.000 hectáreas de cultivos de coca, según datos de Naciones Unidas.

El gobierno ha destinado inicialmente 14,4 millones de dólares al software, aunque el monto podría aumentar dependiendo del número de avalar la seguridad en los territorios es un error de cojín. La situación es tensa en regiones como Argelia, donde el control de los grupos armados sigue siendo musculoso.

Un campesino que pidió anonimato por razones de seguridad expresó sus temores: “Ningún reunión que viva del narcotráfico va a querer que un campesino deje de sembrar”. El software todavía presenta desafíos logísticos. El seguimiento de la erradicación no es presencial, sino mediante monitoreo satelital, lo que hace difícil demostrar que los cultivos han sido en realidad eliminados.

Según Miranda, el control será “cuerdo”, pero quienes incumplan serán expulsados del software. Pablo Daza, secretario de gobierno de Argelia, reconoce que hay aventura de fraude. “Si no se hace una demostración vivo, las probabilidades de que estemos botando la plata son aceptablemente altas”, coincide Emilio Archila, comisionado de paz durante el mandato del expresidente Iván Duque.

A pesar de los desafíos, en el contorno ya se ven señales de transformación. En el predio de los Caicedo, el café empieza a florecer, alentado por los buenos precios del mercado internacional. Alirio, con esperanza, asegura: “Ya estamos en este paseo y toca seguir, a ver hasta dónde llegamos”. El éxito del software dependerá no solo del parné ni del número de hectáreas erradicadas, sino de si logra convencer a miles de familias de que otro maniquí de vida es posible. Y de si el Estado cumple su parte. hogares que se adhieran.

Más allá del incentivo crematístico, Petro examen un cambio estructural en territorios olvidados por el Estado y dominados durante décadas por economías ilícitas. Pero el esquema genera dudas. La excoordinadora de investigaciones sobre narcotráfico de la Comisión de la Verdad, Estefanía Ciro, critica que el plan repita los errores del pasado. “Tiene el mismo principio de que la coca debe desaparecer sin acontecer conseguido ayer una posibilidad al conflicto armado en esas regiones”, advierte.

La táctica recuerda al software de sustitución contemplado en el acuerdo de paz con las FARC de 2016, que no logró desmantelar completamente las estructuras del narcotráfico. Para

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