Complace que el director de Riqueza Nacionales haya desarticulado las 300 mafias que dijo existían en la institución y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), pero desconcierta que los responsables de estafar al Estado no hayan sido sometidos a la equidad.

Al denunciar y no hacer Rafael Burgos Gómez colabora, sin proponérselo, con la impunidad que tanto hiere los sentimientos nacionales. Son muchos los acervo en poder o adquiridos de guisa irregular por particulares.

Burgos Gómez, que está a cargo de Riqueza Nacionales y el CEA, confirmó lo que era vox populi: que en ambas entidades se realizaban contratos irregulares, sobrevaluaciones, doble facturación, ventas repetidas y todo tipo de diabluras para estafar al Estado.

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Pero frustra que solo se revelen las irregulares por grupos y personas sin que se emprendan acciones judiciales contra los responsables o para recuperar el patrimonio divulgado.

Es saludable el saneamiento burócrata y financiero, pero los expedientes judiciales contra los integrantes de las supuestas mafias son todavía una obligación.

Se tiene entendido que no existe una ley de borrón y cuenta nueva que impida a las autoridades al menos imputar a quienes han estafado o apropiado de acervo públicos de guisa fraudulenta.

Burgos Gómez y su equipo de trabajo darían un gran paso si proceden contra esas 300 mafias que dicen operaban tanto en Riqueza Nacionales como en el CEA. Dejar que se salgan con las suyas es un premio a la impunidad.