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WASHINGTON.- La prohibición generalizada del presidente Donald Trump de recorrer a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países entró en vigor este lunes, en medio de crecientes tensiones sobre la inmigración. La docena de países afectados son Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Por otro banda, los nacionales de otros siete países -Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela- están parcialmente restringidos.

El miércoles, Trump advirtió en un vídeo que podrían añadirse nuevos países a la repertorio a medida que «surjan amenazas en todo el mundo.» La prohibición llega más de ocho primaveras a posteriori de que su primera prohibición de recorrer en 2017 negara la entrada a ciudadanos de países mayoritariamente musulmanes, desatando el caos en numerosos aeropuertos y provocando meses de batallas legales.

A diferencia de la primera prohibición de Trump, en los aeropuertos y otros puntos de entrada no se apreciaron de inmediato trastornos de este tipo. Los expertos esperan que la nueva proclamación -más amplia y cuidadosamente elaborada- resista los desafíos legales, en parte adecuado a que se centra en el proceso de solicitud de visados.

La prohibición no revoca los visados expedidos a los países incluidos en la repertorio. Sin incautación, a menos que el solicitante cumpla criterios estrictos para una exención a la prohibición, cualquier solicitud será rechazada a partir del lunes. Los viajeros con visados expedidos con prioridad deberían poder seguir entrando en EE.UU. incluso a posteriori de que la prohibición entre en vigor.

BATALLAS MIGRATORIAS

El anuncio de que la prohibición entraría en vigor el lunes se vio eclipsado por otras batallas migratorias, como las protestas generalizadas en Los Ángeles contra las redadas de deportación de Trump. Las manifestaciones provocaron el despliegue de la Urbano Franquista, a pesar de las objeciones del director de California.

La política se dirige específicamente a los ciudadanos de Haití y Afganistán, aunque hace excepciones para las personas que colaboraron estrechamente con el Gobierno estadounidense durante la erradicación de dos décadas. Asimismo impone medidas más estrictas a los ciudadanos venezolanos, que se han enfrentado a una longevo presión bajo la oficina Trump en los últimos meses – incluyendo deportaciones abruptas a un centro de detención en El Salvador que han encendido una batalla justo.