
La Corte Suprema de Estados Unidos fijó para el 15 de mayo la audiencia en la que se evaluará la constitucionalidad del Decreto del presidente Donald Trump que búsqueda eliminar la ciudadanía por salida en el país.
El 20 de enero, en su primer día del segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe otorgar la ciudadanía cibernética a niños nacidos en EE.UU. de padres que se encuentren en el país de forma el temporal. Sin requisa, su aplicación fue suspendida por cortes federales.
¿Qué dice la Constitución?
El derecho a la ciudadanía por salida está asegurado por la 14ª Rectificación de la Constitución, vivo desde 1868. Esta establece que toda persona nacida en zona estadounidense es ciudadanasin importar el status migratorio de sus padres.
Trump sostiene que quienes se encuentran en EE.UU. sin residencia permanente o de forma temporal no están “sujetos a la competencia” del paísy por lo tanto sus hijos no deberían tener derecho obligatorio a la ciudadanía.
¿A quién afectaría la orden ejecutiva?
La medida impide al gobierno federal emitir pasaportes o certificados de ciudadanía a niños nacidos en EE.UU. y:
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La matriz está en el país ilegalmente lo temporal.
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El padre no es ciudadano ni residente permanente (Sin “Plástico verde”).
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Uno y otro padres se encuentran en EE.UU. con visas de estudiante, trabajo o turista.
La batalla lícito y el parecer irresoluto
El 13 de marzo, el gobierno de Trump solicitó la intervención de la Corte Suprema para anular las decisiones de tribunales inferiores. Aunque el mayor tribunal de mayoría conservadora rechazó suspender de inmediato esos fallos, aceptó examinar el caso a fondo el próximo 15 de mayo.
Trump celebró el anuncio, asegurando que el caso ha sido “malinterpretado” y que la reparación fue originalmente creada para proteger los derechos de los esclavos liberados tras la Conflicto Civil, no para regular la inmigración flagrante.
Impacto político y contencioso
El Sección de Equidad calificó el avance del caso como una “vencimiento esencia” para la dietario migratoria del presidente. Sin requisa, además denunció una “avenida” de suspensiones nacionales emitidas por tribunales desde el inicio de este segundo mandato.
La Casa Blanca pide que, al menos, se limite el zona de influencia de los fallos judiciales a los demandantes específicosy solicita que se autorice a las agencias federales a emitir directrices para implementar la orden ejecutiva.
Con información de AP.
Por: Yari Araujo