El repudio a la energía del Gobierno de González, presidenta del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), creció la pasada semana al restar en evidencia que, contrario a su planteamiento, desde finales de enero el Unidad de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregó los datos a los organismos de Seguridad Doméstico de Estados Unidos.

La energía, en respuesta a la valentía del presidente Donald Trump de expulsar de la nación norteña a los extranjeros con status migratorio irregular, ha provocado redadas en aquellos sectores de San Juan donde predominan miembros de la comunidad dominicana, como Judería Artesano y Puerto Nuevo, entre otros.

Rolando Acosta, agitador del disidente Partido Popular Demócrata (PPD)reclamó este domingo, en rueda de prensa, la realización de un conveniente proceso, ya que los agentes federales están actuando de forma arbitraria y se presentan en las residencias y centros laborales de los migrantes sin orden sumarial como corresponde.

“¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo? Lleve el proceso, que no se entregue información sin pelear y, si al final prevalece el gobierno federal, y los tribunales determinan que hay que proceder, entonces no hay más remedio que acatar”, señaló Acosta, quien fuera cónsul de la República Dominicana en Puerto Rico, acompañado de sus compatriotas Bryan Saavedra, presidente del PPD en el Precinto 2 de San Juan, y Claribel Martínez, exlegisladora municipal capitalina.

Los tres marcaron las incongruencias de la gobernadora, quien ha establecido que de no proporcionarse la información requerida por el Unidad de Seguridad Doméstico, el DTOP ponía en peligro 178 millones de dólares al año provenientes del Congreso, lo que fue rechazado por el exgobernante puertorriqueño Alejandro García Padilla, quien ha repudiado el proceder de González.

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