Por: Josefina Reynoso Chicón

En los últimos meses, hemos observado cómo diferentes países de América Latina están evaluando nuevas fórmulas para hacer frente a sus desafíos penitenciarios. Entre ellos se mencionan Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador e incluso la República Dominicana, como posibles interesados en adoptar principios del maniquí penitenciario implementado en El Salvador bajo la agencia del presidente Nayib Bukele.

La atención que ha generado el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo —una megacárcel diseñada para encerrar a miles de personas bajo un régimen de máxima seguridad— ha puesto sobre la mesa debates necesarios sobre la trámite penitenciaria en toda la región. Es comprensible que, frente a el impacto visible de ciertas políticas, los gobiernos exploren alternativas. Sin secuestro, todavía es imprescindible indagar que ningún maniquí puede ser trasladado de guisa cibernética sin un estudio riguroso de los contextos.

La República Dominicana, por ejemplo, no enfrenta las mismas estructuras delictivas que motivaron la creación de este tipo de prisiones en El Salvador. Nuestro decorado está traumatizado por problemáticas como el aglomeración carcelario, la tardanza procesal y la cariño institucional, pero no por bandas con el mismo calidad de control territorial que las maras salvadoreñas.

Conviene adicionalmente recapacitar que el país ya había repaso un camino importante en materia de reforma penitenciaria. Durante los gobiernos del presidente Leonel Fernández, fuimos pioneros en la implementación de un maniquí carcelario centrado en la rehabilitación. En 2004, se puso en marcha el primer plan piloto en la calabozo de San Felipe, en Puerto Plata, donde el respeto a los derechos humanos y la reinserción social se convirtieron en pilares del entonces emergente Nuevo Maniquí de Diligencia Penitenciariaampliamente agradecido en el ámbito regional. Este enfoque soñador se tradujo luego en el crecimiento de 26 capítulos.

Otro impulso en el  sistema   fue  la  construcción de  infraestructuras como el Centro Correccional de Las Parras (La Nueva Vencimiento) que inició en 2018, concebido para tener a más de 8,700 internos en condiciones dignas.  Puesta  en  marcha durante la agencia del presidente Danilo Medina, permanece hoy sin uso efectivo, mientras las condiciones en otros recintos penitenciarios continúan deteriorándose.

Para  nosotros resulta  paradójico que se sigan anunciando nuevas construcciones, interiormente  del  maniquí penitenciario como las de Anamuya o Cotuí, sin concluir ni poner en funcionamiento instalaciones ya avanzadas.

Si ampliamos la ojeada al contexto regional, encontramos que en Costa Rica el gobierno ha manifestado interés en adaptar ciertos aspectos del maniquí salvadoreño a su verdad. Según declaraciones oficiales, la futura calabozo de entrada seguridad respondería a evacuación propias del país y no rastreo replicar de forma fiel la experiencia salvadoreña. En Colombia, el debate todavía sigue campechano. Algunos sectores políticos han planteado la posibilidad de construir centros penitenciarios inspirados en El Salvador, aunque reconociendo las diferencias jurídicas y sociales entre ambas naciones. En Argentina, particularmente en la provincia de Santa Fe, se ha señalado la exigencia de contar con prisiones de veterano seguridad, aunque bajo evaluación restringido y con matices.

En Ecuador, el presidente Noboa ha anticipado detalles de su plan para intervenir el sistema penitenciario, incluyendo la construcción de cárceles de máxima seguridad destinadas a aislar a los privados de voluntad considerados de entrada peligrosidad.  (Fuente: Primicias).

Como todos sabemos, cada Estado tiene sus particularidades. Ningún país comparte exactamente las mismas condiciones sociales, niveles de violencia, marcos normativos ni capacidades institucionales. Por ello, más que replicar modelos, lo que corresponde es analizarlos críticamente, adaptarlos con responsabilidad —si fuera el caso— y construir respuestas propias, sólidas, sostenibles y coherentes con los títulos democráticos y el Estado de derecho.

En el caso dominicanolo que se impone no es copiar un maniquí foráneo, sino retomar con valor y visión de Estado el proceso de transformación penitenciaria que ya habíamos iniciado. Eso implica completar la facultad de centros como Las Parras, relanzar con fuerza y modernización el Nuevo Maniquí —que ya ha cogido su mayoría de perduración—, mejorar la articulación con el sistema de razón y vigorizar la prevención del delito como eje central de una política de seguridad ciudadana basada en planificación estratégica, enfoque humanista y control institucional efectivo.

La seguridad no se decreta, se construye. Y la conducción penitenciaria debe contestar a nuestra propia verdad, con una ojeada estratégica que combine firmeza, licitud y rehabilitación.