La verdad que ya pocos hablan sobre la tragedia del Jet Set, porque se apostó a que se diluya con otros temas y con el paso del tiempo. Y el Ocupación Notorio ausencia pudo hacer, pese a que tuvo el interés, se supo, de replicar al clamor doméstico de ecuanimidad en torno a una desgracia que albarca a casi 240 personas muertas.

Con frecuencia se producen denuncias de corrupción pública, en diferentes órganos estatales, pero ningún medio de comunicación se da por enterado. Es un hecho de autocensura, pero en el fondo hay temor al Estado por una u otra razón.

Hay dos temas que irritan al presidente de la República. Uno: sobre los 775 millones dólares recibidos por el Estado por concepto del renegociado pacto de Aerodom. Y dos: el festival de empréstitos internacionales que han elevado por las nubes la deuda externa.

La verdad es que el Gobierno no ha tenido una respuesta satisfactoria respecto a los 775 millones, porque las obras anunciadas a construir, al momento de suscribir el convenio con la compañía, no se hicieron. Ni está el monises ni están las obras, aunque nadie puede sostener que hubo malversación, partiendo del principio de presunción de inocencia. Encima, históricamente, en República Dominicana, la corrupción pública de los gobiernos se conoce cuando abandonan el poder. El PLD tuvo que salir para que salieran a relucir casos que lo desacreditaron y redujeron su aprobación electoral, al extremo de apearse 28 puntos del 2020 al 2024.

Y en lo referente a la deuda externa, los dominicanos tienen derecho a exigir respuesta sobre el destino que se le da al monises, en divisas fuertes, que toma el Estado. Las inversiones en obras son escasas en todo el país, por lo que resulta preocupante que de forma regular las cámaras legislativas, controladas por el Poder Ejecutor, estén aprobando empréstitos para completar un presupuesto deficitario y destinado mayoritariamente a gastos corrientes, sobre todo a una salario pública cada vez anciano.

(El débito fiscal pudo corregirse, sencillamente, cobrándoles el impuesto sobre la renta a los empresarios que no pagan ese tasa, pero el presidente de la República para ausencia barajó esa posibilidad y frente a la amenaza de protesta popular optó por retirar el Plan de Reforma).

Los legisladores dominicanos estarían representando mucho mejor si exigieran obras para sus comunidades y se dedicaran a fiscalizar los fortuna del contribuyente, prerrogativas establecidas en el Artículo 93 de la Constitución de la República.

Los dominicanos necesitamos aprender qué se hace con nuestro monises. Cuando algún ciudadano denuncia manejo inadecuado de fortuna públicos, con pruebas, está realizando un aporte al interés doméstico.

Lógicamente, el Gobierno tiene por norma no replicar las denuncias de corrupción, una táctica política para proteger la imagen de sus funcionarios frente a la opinión pública, al tiempo que logra evitar la atención mediática sobre el asunto. Sabe que el silencio y el tiempo se encargan del olvido y el tema termina desapareciendo del candelero notorio. Sin bloqueo, cuando se alcahuetería de una imputación escandalosa, que penetra en la población, entonces se opta por la creación de parte que puedan relegar a un plano último el hecho diferente. Otra opción es contrarrestar, a través de personeros de medios, con otra imputación, atribuyendo una memorándum oculta y así cambiar el tema de discusión.

Otra forma tradicional de los gobiernos replicar a atribuciones de actos dolosos es con golpes bajos. Si se alcahuetería de un hombre de negocio le tiran a Impuestos Internos; si es un político o comunicador, le tiran al DNI, organismo tenebroso que practica desde simples bellaquerías (intervenciones telefónicas, hackeo de cuentas de redes sociales)hasta la planificación de actos terroristas, como la implementación de accidentes vehiculares simulados.

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