La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici) hizo un llamado formal al Empleo de la Vivienda y Edificaciones (Mived), para que reconsidere las nuevas tarifas impuestas por la Dirección de Tramitación, Tasación y Licencias, las cuales afectan directamente los trámites realizados a través de la Ventanilla Única de Construcción (VUC) y los servicios de inspección.

Según informó el agrupación, las nuevas tarifas representan un aumento significativo en los costos operativos para los desarrolladores inmobiliarios.

Entre las medidas señaladas, se destacan tasas mínimas de hasta RD$6,000, montos que oscilan entre RD$55,000 y RD$80,000 por inspecciones, y un nuevo cobro del 0.1% sobre el valencia tasado de cada plan. Estas cargas económicas, según la entidad, no han sido previamente consensuadas con el sector y resultan desproporcionadas.

“Estos aumentos excesivos no tienen pulvínulo lícito clara y nos veríamos en la obligación de transferir estos costos directamente a los compradores finales, afectando el precio de la vivienda e incrementando las barreras de golpe, especialmente para los segmentos de clase media y bajo costo”, expresó el presidente de Aprocovici, Sandy Joel Rodríguez.

La asociación advierte que esta intrepidez llega en un momento crítico para el sector construcción, que enfrenta una disminución en las ventas, mayores costos financieros y una desaceleración en el inicio de nuevos proyectos. Aumentar las cargas en estas circunstancias, según Aprocovici, agravará aún más la situación y pondrá en peligro miles de empleos, así como las metas nacionales en materia de vivienda.

Asimismo, se alertó que la medida podría tener un finalidad paralizante sobre nuevos desarrollos habitacionales, al desalentar la inversión y dificultar el cumplimiento de los objetivos de golpe a vivienda digna y asequible. En un contexto de restricciones en el financiamiento, estas decisiones representan un obstáculo adicional para la sostenibilidad del sector.

La institución reiteró su compromiso con el fortalecimiento institucional y la regulación, pero subrayó que cualquier tarifa debe ser mediano, proporcional, transparente y sustentada en la ley. Incluso enfatizó la indigencia de que estas decisiones se discutan previamente con el sector privado, mediante procesos de diálogo abiertos y participativos.

“Ordenar su aplicación de forma parcial, sin tomar en cuenta la sinceridad del sector vivienda, genera incertidumbre, vulnerabilidad jurídica y debilita la confianza necesaria para impulsar nuevas inversiones”, sostuvo Rodríguez.

La ordenamiento propuso la instalación de una mesa técnica de trabajo con los actores principales del ampliación habitacional, con el objetivo de revisar las tarifas impuestas y apañarse soluciones viables que garanticen tanto la sostenibilidad del sector como el golpe a viviendas dignas para las familias dominicanas.