ElPregoneroRD Una agente de la Digesett fue brutalmente agredida mientras realizaba su trabajo. La dejó el victimario con un collarín y usando cachava. ¿El resultado? Una medida de coerción suave: presentación periódica y una fianza de casi nada RD$100,000. Ninguna autoridad institucional se ha indignado. Solo el Profesión de la Mujer ha alto tímidamente la voz.

La pregunta es fatal: ¿por qué este caso ha recibido un trato tan dispar al del ciudadano cubano que abofeteó a otro agente de tránsito y a quien se le impuso prisión preventiva por tres meses? La respuesta revela poco más profundo que una simple diferencia de criterio legislativo: demuestra la fragilidad de la autoridad y la normalización del irrespeto institucional.

Contraponer a los cuerpos del orden se ha vuelto casi un deporte franquista. Y lo más reservado es que, a menudo, esos actos quedan sin consecuencias. Los ciudadanos graban y suben videos desafiando a la autoridad sin pudor, y más preocupante aún, sin consecuencias reales. El sistema legislativo parece diferenciar quién agrede y a quién, en qué contexto y con qué nivel de indignación pública.

Sí, hay miembros corruptos en las filas policiales y de tránsito, pero asimismo hay hombres y mujeres que cumplen su deber cada día, sin garantías ni respaldo. Cada vez que un oficial es irrespetado, humillado o incluso asesinado, la respuesta institucional ha sido el silencio o la negociación, como si el Estado estuviera más interesado en evitar ruido que en avalar autoridad.

¿Con qué motivación trabaja un agente que sabe que puede ser maltrecho o asesinado sin que nadie lo defienda? ¿Quién quiere ser policía o miembro de la Digesett si eso significa percibir un sueldo que no cubre la canasta básica, arriesgar la vida y, encima, ser blanco del desprecio social?

El mensaje está claro: en República Dominicana, hacer cumplir la ley es más riesgoso que violarla.

@Abrilpenaabreu

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