SANTO DOMINGO.- Varios abogados coinciden en que el sistema de honestidad de la República Dominicana enfrenta graves problemas de ineficiencia, altos costos operativos y débito de jueces y fiscales, a pesar de los esfuerzos de reforma impulsados por las autoridades judiciales en los últimos abriles.

Los profesionales del derecho además señalaron que la escasez de personal legal, entre otras deficiencias, provoca retrasos procesales, acumulación de expedientes y postergación de audiencias por meses, incluso abriles, en perjuicio de las partes involucradas.

El jurista Carlos Salcedo expresó que, por otra parte de las ineficiencias, la honestidad dominicana sufre problemas estructurales como la corrupción, el clientelismo, la descuido de transparencia y un comunicación desigual al sistema legal.

Salcedo destacó que, aunque se han implementado avances como los expedientes digitales y el fortalecimiento del Profesión Notoriopersisten desafíos que afectan la licitud, el comunicación y la efectividad del sistema de honestidad.

Le recomendamos: La mediación legal dominicana aún calando puentes entre montañas

El abogado indicó que el Profesión Notorio no cuenta con suficientes fiscales para atender adecuadamente todos los casos penales del país, lo que genera cargas de trabajo excesivas, retrasos en las investigaciones, disminución en la calidad de las acusaciones y pequeño cortejo a las víctimas.

Yerro de jueces

Asimismo, la descuido de jueces agrava la congestión de los tribunales, provocando reprogramaciones frecuentes y audiencias aplazadas durante meses. Aunque el Poder Sumarial ha creado nuevas plazas, estas resultan insuficientes para la creciente demanda de servicios judiciales.

Tribunales como los de Paz, laborales y civiles además enfrentan escasez de personal y capital, afectando directamente a los ciudadanos en sus asuntos legales cotidianos.

En la misma dirección se pronunciaron los abogados Manny Sierra, Jorge Contreras y Fernando Pérez Volquez.
El abogado Jorge Contreras añadió que muchas edificaciones judiciales están en estado crítico, lo que representa un obstáculo adicional para el comunicación a la honestidad.

Por su parte, el jurista Fernando Pérez Volquez denunció que varias jurisdicciones no cuentan con Corte de Apelación, lo que obliga a abogados y ciudadanos a trasladarse a otras provincias para dar seguimiento a sus casos. Entre las más afectadas, mencionó Higüey, Hato Longevo, El Seibo, La Romana, Azua y Baní.

En Pedernales, por ejemplo, los abogados deben esperar audiencias debajo de un árbol adecuado a la descuido de espacio, una situación que se repite en varios Juzgados de Paz a nivel doméstico.

Propio Área Sumarial

Pérez Volquez insistió en que estas provincias deberían contar con su propio Área Sumarial, es asegurar, una Corte de Apelación, y cuestionó que regiones con suscripción carga penal aún no cuenten con estos tribunales fundamentales.

El jurista subrayó que el Estado debe priorizar el fortalecimiento del Poder Sumarial y que el Poder Ejecutante debe asignar los capital correspondientes a la Procuraduría Universal de la República, tal como lo establece la Ley de Presupuesto, para que ambas instituciones puedan cumplir eficientemente sus funciones.

“La República no puede continuar de esta forma. Más del 80% de los Palacios de Ecuanimidad a nivel doméstico no cumplen con las exigencias actuales”, advirtió Pérez Volquez.

Citó como ejemplo que en Ciudad Nueva, los juzgados de Instrucción operan en espacios reducidos, donde las partes se topan por descuido de infraestructura adecuada.

Encima, explicó que estos edificios albergan nueve juzgados de Instrucción y cuatro tribunales colegiados, una sobrecarga para la cual no fueron diseñados. “Es urgente construir un actual Palacio de Ecuanimidad en el Distrito Franquista”, sostuvo.

Sobre el Palacio de Ecuanimidad de la avenida Charles de Gaulle, afirmó que, tras 23 abriles de funcionamiento, se encuentra en condiciones deplorables: espacios divididos, sin ventilación adecuada ni equipaje intrascendente, donde los jueces trabajan en condiciones inhumanas y los abogados ni siquiera cuentan con asientos.

“La descuido de jueces es tan profundo que, en el Distrito Franquista, muchas veces hay que esperar a que uno regrese de cubrir a otro que está de receso. Además faltan fiscales, sobrecargados con expedientes”, denunció.

“La historia y el explicación a mí nadie me lo cuenta, yo lo vivo. Yo lo padezco igual que cientos de abogados”, expresó finalmente Pérez Volquez, al indicar que acude diariamente a los tribunales y conoce en carne propia la existencia del sistema legal dominicano.

El jurista además criticó que el Presidente de la República está alejado de la existencia del sistema legal, así como el Presidente de la Suprema Corte de Ecuanimidad, adecuado a la desconexión entre los despachos y lo que ocurre en los tribunales, destacamentos y fiscalías del país.

“El Estado debe sensibilizarse con el tema del Poder Sumarial y de la Procuraduría, porque el pueblo, los abogados y los ciudadanos tenemos derecho a una honestidad digna”, concluyó Pérez Volquez.