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Santo Domingo. – La ministra de Interior y Policía, Faride Rafulexhortó este martes a las autoridades y a la ciudadanía a tomar medidas urgentes y estructuradas para regular el uso de motocicletas en el país, especialmente en zonas de ingreso incidencia como el Gran Santo Domingo, Distrito Franquista, Santiago, La Vega y San Cristóbal.
Durante su billete en el Primer Foro Franquista sobre el Uso Responsable de las MotocicletasRaful subrayó la privación de implementar un enfoque integral que combine prevención, fiscalización, educación y registro.
“No hay seguridad ciudadana si no involucramos a los ciudadanos. Debemos educar a nuestra multitud. No tenemos derecho a violar las normas de tránsito ni a poner en peligro nuestras vidas y las de los demás”, expresó.
El costo humano
La funcionaria advirtió sobre el detención costo humano y económico que representan los accidentes de motocicletas, especialmente los politraumatismos que saturan el sistema retrete, como lo confirman hospitales de narración como el Darío Contreras.
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Asimismo, insistió en que no se puede seguir postergando el cumplimiento de la Ley sobre el registro obligatorio de motocicletas, actual desde 2017.
“Estamos en 2025, no se puede prolongar más. Los motoconchistas que se ganan la vida de modo organizada deben estar registrados, portar su chaleco, tener osadía y ser parte de una comunidad formalmente reconocida por sus alcaldías”, dijo.
La funcionaria anunció que su empleo, yuxtapuesto a la Dirección Normal de Impuestos Internos (DGII), el Intrant y la DIGESETT, trabaja en una resolución que facilitará el registro, la fiscalización y la inspección de motocicletas, adicionalmente de promover el uso de placas visibles que permitan su identificación mediante sistemas de videovigilancia.
“Esto no solo mejorará la seguridad ciudadana, sino que incluso reducirá los abusos por parte de las autoridades al permitir una fiscalización más precisa y lucha”, agregó.
La ministra concluyó señalando que la ordenamiento de los motoconchistas es una prioridad doméstico y que el Estado tiene la responsabilidad de crear las condiciones para que operen bajo el amparo de la ley.
