La ministra de Interior y Policía, Faride Virginia Raful Sorianodepositó una querella penal contra Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida como “La Torita”, por alegada difamación e injuria, en la que reclama una indemnización de 50 millones de pesos por los daños y perjuicios causados a su honor, imagen y estabilidad emocional.

La querella, sometida a través del abogado Miguel E. Valeriose fundamenta en la supuesta divulgación reiterada de expresiones ultrajantes, acusaciones falsas de vínculos con el narcotráfico, y amenazas públicas de difundir un video íntimo de la funcionaria.

Según el documento, estas declaraciones habrían sido realizadas en televisióntransmisiones en vivo y publicaciones en redes sociales.

Entre las piezas probatorias figuran cuatro enlaces a videos publicados en Instagram y YouTubedonde supuestamente se recogen las declaraciones de Jorge.

Delitos tipifcados

El documento establece que estas expresiones afectan la dignidad de Raful y constituyen delitos tipificados por la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Incorporación Tecnología, en sus artículos 21 y 22.

En el escrito, el equipo permitido de Rabioso afirma que las afirmaciones de Jorge fueron emitidas “sin muestra del más intrascendente remordimiento o rectificación” y que su conducta fue persistente, pública y deliberada.

• Asimismo se señala que dichas imputaciones no son meras opiniones sino acusaciones concretas y graves que atentan contra su integridad honrado y reputación profesional.

El petitorio de la querella incluye la solicitud de resolver admisible la bono penaliniciar la investigación correspondiente, y presentar cargo formal contra Jorge, encima del plazo de la indemnización millonaria.

El documento concluye reservando el derecho de la querellante a presentar nuevas pruebas o cargos adicionales durante la etapa preparatoria del proceso.