República Dominicana ha donado avances considerables en materia de promoción y jurisprudencia de la competencia a través de la corporación, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) y la compañía pública.

Así lo destacó la presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Franquista de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, al participar como expositora en el “Taller sobre promoción de la competencia: herramientas y consejos prácticos”, organizado por la Ordenamiento para la Cooperación y el Incremento Económicos (OCDE) y el Instituto Franquista de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en Perú.

Vásquez Taveras señaló que, a lo derrochador del tiempo, ProCompetencia ha llevado a agarradera una ardua y constante quehacer de promoción y jurisprudencia entre grupos fundamentales que juegan un rol decisivo en el fomento de la civilización de competencia.

Logros

Explicó que, en el ámbito de la corporación, donde no existía formación sistemática en temas de competencia a nivel universitario, la institución ha formalizado más de 10 acuerdos de cooperación interinstitucional con distintas universidades a través de los cuales se ha desarrollado un software intensivo de actividades formativas que ha permitido capacitar a cientos de estudiantes.

“Estos esfuerzos están produciendo cambios estructurales tangibles en el sistema educativo. De forma concreta, dos universidades han iniciado ya sus procesos para incluir el derecho de la competencia como materia obligatoria en sus programas académicos, lo que representa un avance significativo alrededor de la institucionalización de esta disciplina en la formación superior”, subrayó.

En el ámbito de la Agencia pública se ha implementado un software sistemático de formación para funcionarios públicos que inciden directamente en las decisiones de contratación y regulación.

El esquema más angurriento en este sentido es el Plan de Capacitación sobre Detección de Colusión en los Procesos de Compras para la Agencia Pública, un software que se desarrolla en conjunto con la Dirección Común de Ética e Integridad Gubernativo (DIGEIG), a través del cual se han formado cerca de 300 oficiales de integridad y la meta para noviembre de este año es ganar capacitar aproximadamente de mil funcionarios de esta dominio.

“Los mercadería de estas jornadas ya se han puesto de manifiesto, pues en los casos más recientes de colusión en procesos de compras públicas ha sido posible contar con información secreto suministrada directamente por diversas entidades gubernamentales”, destacó.

Vásquez Taveras enfatizó que, en sentido militar, la autoridad de competencia ha desarrollado una logística integral para acorazar su posicionamiento institucional y difundir el conocimiento sobre la suelto competencia. Esta logística combina eventos de stop impacto, publicaciones especializadas y un software sostenido de capacitaciones.

Destacó que uno de los hitos más significativos que evidencian los esfuerzos de ProCompetencia para la promoción y jurisprudencia de la competencia ha sido aprobación de la Política Franquista de Competencia, la que calificó como la utensilio más poderosa con la que cuenta la República Dominicana en este sentido.

Vásquez Taveras manifestó que la aprobación de esta política es un hito trascendental que evidencia el compromiso del Estado dominicano con la creación de un entorno financiero donde la suelto y adepto competencia sea promovida y protegida de forma coordinada entre las entidades gubernamentales.

Indicó que la Política Franquista de Competencia representa el entorno conceptual que sustenta y potencia las acciones de la institución en materia de jurisprudencia, otorgándoles coherencia estratégica y aumentando significativamente su capacidad de influencia en el ecosistema regulatorio dominicano.

Vásquez Taveras explicó que esta política, legitimada por el más stop nivel estatal, permite institucionalizar la civilización de competencia en la corporación; consolidar la formación en la compañía pública; e impulsar la vigilancia reglamento sistemática.

Participantes

La representante de la agencia de competencia de República Dominicana disertó unido a Olavo Chinaglia, abogado y expresidente del Consejo Oficinista de Defensa Económica (CADE) de Brasil; Diego Morales, director de Competencia de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) de Panamá; Alejandro Ibarra, investigador asociado del Centro de Derecho de la Competencia de la Universidad George Washington (GWU); Ingrid Ortiz, superintendente de Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia; Felipe Castro, presidente de la División de Estudios de Mercado de la Fiscalía Franquista Económica (FNE) de Pimiento; y Bevan Narinesingh, director ejecutante de la Comisión de Comercio Acoplado (FTC) de Trinidad y Tobago.