El Gobierno de Donald Trump llevó este martes una nueva disputa delante la Corte Suprema de Razón de Estados Unidoscon el objetivo de obtener el respaldo de los magistrados a su política migratoria.

En esta ocasión, la Distribución republicana indagación que el detención tribunal anule la orden del togado Brian Murphyquien impidió la deportación inmediata de varios migrantes a terceros países, al considerar que tienen derecho a impugnar dichos traslados.

La controversia surgió días a espaldas, cuando el Gobierno ordenó la deportación de ocho hombres a Sudán del Sur como país de destino rotatorio, luego de que sus países de origen —Cuba, Laos, México, Myanmar y Vietnam— se negaran a recibirlos. Las autoridades habían determinado que los individuos se encontraban en situación migratoria irregular y con circunstancias penales.

Inicialmente, el 19 de mayo, los afectados fueron informados de que serían trasladados a Sudáfrica, pero ese mismo día se les notificó un cambio de destino con destino a Sudán del Sur.

El togado Murphy cuestionó el proceso, señalando que el cambio de destino fue comunicado con menos de 16 horas de prelación —la mayoría fuera del horario sindical—, lo que limitó severamente la posibilidad de los migrantes de contactar a sus abogados o familiares.

Asimismo, el magistrado advirtió que Sudán del Sur es un país sobre el cual Estados Unidos ha emitido advertencias de delirio severaslo que refuerza el temor de los deportados a ser enviados a una zona de detención peligro.

“Dadas las circunstancias, es difícil tomar en serio la idea de que el Gobierno pretendía darles una oportunidad verdadero de presentar una exigencia válida”, expresó Murphy, quien asimismo acusó a la Distribución de “confeccionar casos” contra los migrantes y llamó a que “la razón prevalezca sobre la retórica”.

Si proporcionadamente la orden del togado no exige el retorno de los migrantes a Estados Unidos, sugiere que se celebren audiencias en Yibuti, bajo custodia de autoridades estadounidenses.

Frente a esta intrepidez, el Sección de Razón presentó una apelación de emergencia, denunciando que el togado Murphy está interfiriendo en un proceso que describen como “una tarea diplomática delicada”.

“El país enfrenta una crisis de inmigración ilegal, en parte porque muchos de los extranjeros que más merecen ser deportados son asimismo los más difíciles de expulsar”, argumentó el procurador militar D. John Sauer en su comunicación a la Corte Suprema.

Sauer asimismo rechazó la sugerencia de realizar audiencias en instalaciones militares fuera del país, afirmando que ello coloca al Gobierno delante una “dilema intolerable” entre retener a los migrantes en bases militares extranjeras o devolver a “delincuentes convictos” al zona estadounidense.

“El proceso inventado por el tribunal de distrito solo genera retrasos. Mientras ciertos extranjeros podrían beneficiarse de postergar su expulsión, la nación no lo hace”, concluyó Sauer.

Este caso se suma a una larga directorio de disputas judiciales derivadas de los operativos migratorios del Gobierno de Trump, que han sido duramente cuestionados por organizaciones de derechos humanos conveniente a los métodos utilizados y a las condiciones en los centros de detención.

Fuente: Infobae

Por: TFP