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SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) continuó este martes con la presentación de pruebas testimoniales durante el cordura contra policías y militares acusados de sustraer más de RD$4,500 millones del Estado dominicano.
En el cordura, que se ventila en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Doméstico, fueron incorporadas las auditorías de fiscalización patrimonial realizadas por la Cámara de Cuentas al Normal Boanerges Reyes Batistalas cuales evidencian un incremento patrimonial irracional superior al 300 %, en violación de la Ley 311-14, sobre Enunciación Jurada de Patrimonio.
El Empleo Sabido todavía presentó el documentación patrimonial de Epifanio Peña Lebrón, el cual revela omisiones significativas en su testimonio jurada de haberes.
Asimismo, fue escuchada la perito calígrafa Yelida Valdez, del Instituto Doméstico de Ciencias Forenses (Inacif), quien confirmó la falsificación de sellos y firmas correspondientes a Nicole Yomarys González Núñez y Viviana Altagracia Núñez Carmona y utilizadas en facturas para demostrar pagos de compras ficticias desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) a auxilio de la empresa Meljo Comercial E.I.R.L.
De acuerdo con la incriminación, la Compañía Meljo Eirl, como SSA Corporation SRL, fue utilizada solamente para disimular compras en el Cusep y en Cestur, donde los acusados Juan Carlos Torres Robiou y Desaliñado Benoni Cáceres Silvestre autorizaron las supuestas compras, mientras el unidad financiero, dirigido por Rafael Núñez de Aza, se encargaba de completar los expedientes ficticios y librar los pagos.
El metálico era retornado luego al entramado en efectivo o a través de propiedades. Esta empresa simulaba suplir materiales de ablución, artículos gastables, así como tóners para impresoras.
Valdez, todavía, validó la falsificación de los sellos de la Contraloría de las Fuerzas Armadas, los cuales fueron ocupados durante los allanamientos realizados. Por otra parte, certificó que fue falsificada la firma en un depósito de RD$9,000,000 atribuido al caudillo Luis Alberto Coronado Abreuquien previamente testificó que no había realizado dicha transacción a la cuenta de la empresa Único Efectivo Estate e Inversiones S.R.L., en una sucursal bancaria ubicada en la avenida Venezuela.
El fiscal Jonathan Pérez Fulcar indicó que la audiencia fue recesada hasta el próximo martes 22 de abril, término en la que serán escuchados los fiscalizadores de la Cámara de Cuentas que realizaron los estudio patrimoniales de los acusados Adán Cáceres Silvestre, Franklin Antonio Mata Flores, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola.
Sobre el proceso
De acuerdo con la Pepca, el corro de acusados, encabezado por los exjefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) Desaliñado Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, distrajo fondos públicos entre 2012 y 2020 mediante compras irregulares de raciones alimenticias, combustibles y el elección de policías y militares, a quienes se les pagaba menos del 30 % de su salario, quedando el resto en manos de la red corrupta.
Entre los acusados figuran el decano del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, sobrenombre “la Pastora”; su hijo, el extremo policial Tanner Antonio Flete Guzmán; el coronel Rafael Núñez de Aza, el mandón de la Armada Alejandro José Montero Cruz, el caudillo de la Fuerza Aérea Julio Camilo de los Santos Viola y José Manuel Rosario Pirón, entre otros
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