
La sociedad dominicana está en tensión por las masivas transgresiones de tránsito que incluyen a motociclistas que han llevado las ciudades y carreteras a las condiciones de selva y de “sálvese quien pueda”. Transeúntes y conductores de comportamiento respetuoso con el prójimo lamentan comportamientos incivilizados como simples espectadores de las prepotencias que incluyen además a individuos que al volante de vehículos de “pescuezo dadivoso” y marcas de opulencia muestran su indignidad y desliz de méritos personales para la posesión de súper carruajes para humillar temerariamente a los demás desconociendo reglas de circulación. La inauguración antier de un espacio para inmovilizar vehículos de motor de toda índole cuyos conductores los convirtieran en herramientas para la desgracia ajena, debe constituirse en un primer paso en torno a la restitución del orden y la seguridad en las vías que por sus caos tienen a República Dominicana en la cúspide estadística de la mortalidad en transporte del mundo. A ello contribuye la abandono todavía de medidas heroicas y menos bla, bla,bla contra el hueco de autoridad que es ya característica imperdonable de estos tiempos y así aparecerá en la historia.
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Un mal agravado por insuficiencias y ambigüedades legales que permiten interpretaciones jurídicas que acentúan la incapacidad institucional de combatir actuaciones que con frecuencia han hecho popular los homicidios involuntarios, pero de alcance antisocial, con el rodar sobre neumáticos. Se quiere, neciamente, colocar el derecho de propiedad sin excepción de medios rodantes (léase motocicletas para suicidios-homicidios) como más importante que la protección a seres humanos con acciones prácticas de retención generalmente momentánea y escarmenadora de las herramientas motorizadas utilizadas para causar severos daños a la comunidad. Si las normas aplicadas a la circulación no sirven para emplearse, aun en extremo, para padecer a los espacios públicos anciano capacidad restrictiva y poner orden en el tránsito estamos perdidos. Ya es suficiente con que sea inasequible cobrar el 80 % de las contravenciones anulándose por completo la función punitiva sobre las transgresiones que tienen a las calles como tierra de nadie.