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El director distrital de Verón Punta Cana, Ramón Ramírez, conocido como Manolito, anunció este lunes la ruptura del acuerdo de distribución 50/50 de los arbitrios municipales que existía con el Comunidad de Higüeyprovincia La Altagracia.
Durante una entrevista concedida a la emisora Kool 106.9 del Conjunto PuntaCana, Ramírez informó que este lunes se procederá a informar formalmente la atrevimiento mediante acto de alguacily que el aviso llegará al cabildo higüeyano este martes.
El funcionario explicó que incluso se notificará a la empresa Cepem, así como a las instituciones gubernamentales competentes en materia de construcción, sobre la terminación definitiva del convenio interinstitucional.
- “El acuerdo entre Verón e Higüey deja de existir. Está completamente roto”, afirmó.
Ramírez indicó que la medida será comunicada públicamente a través de los medios locales y nacionalesa fin de que la ciudadanía y los desarrolladores estén debidamente informados.
Verón Punta Cana e Higüey han enfrentado diversos impasses, adecuado a disputas en torno a los arbitrios, la creación de una Oficina de Planeamiento Urbano y, más recientemente, por la propuesta de elevar a Verón Punta Cana a la categoría de municipio.
Esta iniciativa legislativa fue presentada por el flagrante senador de la provincia, Rafael Barón Duluc (Cholitín), quien se ampara en la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
Dicha constitución otorga autonomía en materia de planificación urbana a los distritos municipales con más de 15,000 habitantes, como es el caso de Verón–Punta Cana, cuya población supera los 200,000 residentes.
Por otra parte, adelantó que se notificará mediante actos de alguacil a los constructores de la zona, con el objetivo de evitar alegatos de desconocimiento y fijar que todos los arbitrios por construcciones sean recaudados directamente por la Juntura Distrital de Verón Punta Cana.
El director distrital justificó la atrevimiento amparándose en la Ley 368-22 de Ordenamiento TerritorialUso de Suelo y Asentamientos Humanos, promulgada en diciembre de 2022.
Esta constitución faculta a los distritos municipales con una población superior a 15,000 habitantes y capacidad económica, a dirigir de forma autónoma el uso del suelo interiormente de su facultad.
“Mi posición desde que se aprobó esta ley ha sido siempre un llamado al diálogo”, puntualizó Ramírez, dejando abierta la posibilidad de futuras conversacionesaunque reafirmó que, por el momento, el acuerdo ha quedado sin propósito.
