El autor es ingeniero civil. Reside en Santo Domingo

La valentía de la Cámara de Diputados de destinar a una comisión peculiar el tesina de ley que ordena el plazo de la convocatoria deuda vieja a contratistas de obras estatales, abre una nueva etapa en un proceso que ya se ha prolongado por demasiado tiempo.

La observación realizada por el Poder Ejecutor no niega la existencia de esa deuda, pues las obras existen, fueron ejecutadas, supervisadas y hoy están en servicio del Estado dominicano.

Lo que señala la observación es una cuestión de naturaleza jurídica ya que no todos los contratistas se encuentran en idéntica situación constitucional y, por consiguiente, no pueden ser tratados de forma uniforme por la ley.

Ese señalamiento no debería interpretarse como un obstáculo para el plazo, sino como una oportunidad para que el Congreso Doméstico corrija el texto constitucional y establezca mecanismos diferenciados de nervio y plazo que permitan resolver definitivamente esta situación.

En ese contexto, la comisión peculiar designada por la Cámara de Diputados tiene ahora una gran responsabilidad institucional y de su trabajo dependerá que el país avance alrededor de una decisión lucha y jurídicamente sostenible o que este problema continúe prolongándose indefinidamente.

Durante décadas, el plazo de estas deudas acumuladas por el Estado ha estado rodeado de incertidumbre, trámites interminables e incluso prácticas que han sido señaladas como focos de corrupción.

Precisamente por eso, una ley clara y aceptablemente estructurada representa la mejor aval para cerrar definitivamente este capítulo.

Los contratistas afectados no constituyen un agrupación homogéneo en virtud de que existen al menos tres situaciones claramente diferenciadas.

Están los contratistas que ejecutaron trabajos adicionales fuera del término contractual, los que realizaron labores de mantenimiento por instrucciones administrativas del Estado sin arreglo formal, y aquellos cuyos expedientes han sido incompletados o desaparecidos con el paso del tiempo.

La decisión, por consiguiente, no está en desmentir la deuda ni en paralizar el proceso constitucional, sino en diseñar mecanismos técnicos que permitan validar cada caso de acuerdo con su naturaleza jurídica.

El Congreso Doméstico tiene hoy la oportunidad de modificar un problema histórico en una decisión institucional.

Lo que no puede ocurrir es que esta deuda vuelva a concluir atrapada en los laberintos de una comisión legislativa.

Resolver esta deuda es acorazar la institucionalidad.

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