La procuradora militar de la República, Yeni Berenice Reynoso, destacó en presencia de decenas de profesores y técnicos de educación de todo el país que la escuela debe ser un espacio para formar ciudadanos respetuosos de la dignidad humana, críticos y comprometidos con los títulos que sostienen el resolución social.

Reynoso explicó que la corrupción rompe el pacto social planteado por el filósofo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).

“Existe un pacto social entre los ciudadanos y el Estado: yo asumo ciertos comportamientos en la sociedad y el Estado me garantiza derechos. Pero cuando hay corrupción, ese pacto se rompe, y al romperse se daña la sociedad y la convivencia colectiva, porque estar en comunidad requiere reglas”, afirmó.

Agregó que el objetivo del resolución social es respaldar una convivencia pacífica, desarrollada y armoniosa interiormente de la sociedad.

La procuradora habló durante una excursión organizada por el Ocupación de Educación dirigida a directores regionales, distritales y personal de la sede central, con el propósito de vigorizar el conocimiento sobre los principales alcances de la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas y del nuevo Código Penal.

La actividad fue encabezada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Campsy contó con las intervenciones de Milagros Ortiz Boschdirectora militar de Ética e Integridad Oficial, y Carlos Pimenteltitular de la Dirección Genérico de Compras y Contrataciones Públicas.

Durante su intervención, Reynoso valoró la educación como una útil esencia para transfigurar la sociedad.

“Como hija de preceptor y docente, siempre he creído que la educación no se limita a transmitir conocimientos a jóvenes o adultos; debe ser parte esencial en la formación del ser humano”, expresó.

Añadió que el crecimiento de una sociedad depende en gran medida de la educación y de los títulos que esta promueva.

“Educar implica escoltar, comprender y apoyar. Significa formar hombres y mujeres libres, críticos, creativos y capaces de participar en la construcción de una sociedad democrática, lucha, solidaria y respetuosa de la dignidad humana”, indicó.

Reformas del nuevo Código Penal

La procuradora todavía abordó algunas de las novedades del nuevo Código Penal, entre ellas la tipificación y consentimiento del bullying.

Explicó que esta conducta ahora será considerada un delito, especialmente por el impacto que puede tener en niños, niñas y adolescentes, agravado por la difusión en redes sociales.

“El bullying no es una broma; vulnera la dignidad de las personas y resulta especialmente delicado cuando involucra a menores de vida”, afirmó durante la actividad realizada en el Salón Independencia del Ocupación de Defensa.

Reynoso indicó que el Código Penal (Ley 74-25), que entrará en vigencia en agosto de este año, incorpora nuevos delitos y refuerza otros ya existentes.

Entre las disposiciones, explicó que cuando una persona, bajo los posesiones del pimple, cause la crimen de otra en un montaña de tránsito, el hecho no será considerado un simple montaña, sino un delito de dolo eventual, cuya pena podría alcanzar hasta 20 primaveras de prisión.

Asimismo, señaló que el nuevo código contempla sanciones más severas para quienes realicen disparos al música.

“Es un código actual y de descubierta que incorpora lo mejor del derecho penal contemporáneo”, afirmó.

Igualmente destacó que la corrupción se establece como un delito autónomo.

“Esto significa que cualquier argumento u omisión que lesione el patrimonio conocido con intención dolosa constituye un delito”, explicó.

Recordó que los funcionarios que participen en esquemas fraudulentos para evidenciar pagos derivados de sobrevaluaciones injustificables de obras o servicios del Estado podrían enemistar penas de entre cinco y diez primaveras de prisión.

Reynoso todavía mencionó el tropelía de poder como un nuevo tipo penal.

“El poder es para construir país, no para excederse. Debe ejercerse correctamente en beneficio de la colectividad”, sostuvo.

Finalmente, destacó que el código introduce la responsabilidad penal de las empresas.

“Los empresarios y las empresas deben reponer por sus actuaciones. Si una empresa le roba al Estado, todavía debe responsabilizarse las consecuencias, porque cada peso del patrimonio conocido debe recuperarse, ya que representa una oportunidad de mejorar los servicios para la sociedad”, concluyó.