Las marcas blancas son productos exclusivos de los supermercados que se venden bajo su propio nombre. En República Dominicana, estas opciones son populares por ofrecer precios más bajos.

Al respecto, la presidente del consejo directivo de la Comisión Doméstico de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez, destacó que estas líneas blancas deben ajustarse a las normas dominicanas de etiquetado.

Durante el Disputa Industrial, titulado “En torno a un nuevo entorno admitido de defensa de la competencia en RD”, celebrado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la funcionaria aseguró que el cumplimiento de las regulaciones es la única vía para asegurar un “demarcación de entretenimiento nivelado” donde todos los actores compitan en igualdad de condiciones.

Vásquez enfatizó que la problemática coetáneo es multifactorial, involucrando aspectos de regulación, fiscalización, sanidad y competencia. Por ello, su decisión requiere un esfuerzo conjunto entre diversas entidades, tales como los ministerios de Industria y Comercio, así como de Vigor Pública, pero, por otra parte, el Instituto Doméstico de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y ProCompetencia.

Informó, por otra parte, que desde la institución que preside se está trabajando para elaborar un estudio sobre condiciones de competencia en el mercado “retail”. “Adecuado a las limitaciones presupuestarias que afectan nuestra operatividad, estamos gestionando financiamiento internacional para realizar ese estudio”, afirmó.

Asimismo, explicó que la entidad está trabajando en un documentación de derecho de la competencia, el cual permitirá emitir recomendaciones técnicas que fortalezcan la calidad regulatoria del etiquetado en el ámbito franquista.

Incluso, la titular de ProCompetencia indicó que el nuevo entorno normativo propuesto rastreo transfigurar la capacidad de respuesta de la institución. A diferencia de la carta coetáneo, que se limita a ordenar el cese de conductas ilícitas, la nueva ley otorgaría facultades sancionadoras robustas como imposición de sanciones económicas de hasta un 5% de los ingresos brutos del año fiscal mencionado a las empresas que incurran en competencia desleal.

“La reforma permitiría sancionar no solo a las empresas, sino todavía a las personas físicas que participen o ejecuten dichas prácticas desleales”, afirmó.