Por Raúl Germán Bautista.- La revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a los imputados, a quienes se les ordenó 18 meses de prisión preventiva, en el caso de corrupción en la ARS Seguro Doméstico de Lozanía (SeNaSa), cuyo principal imputado es Santiago Hazimestá pautada para el martes 5 de mayo de 2026 en el Séptimo magistratura de la instrucción del Distrito Doméstico a las 9:00 de la mañanacuyo enjuiciador es Deivi Timoteo Peguero.

En este caso de corrupción, develado en el software N Investiga, conducido por Nuria Pieraoriginalmente, el enjuiciador de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Doméstico, Rigoberto Sena Ferrerashabía fijado para hoy 11 de marzo la revisión obligatoria de la medida de coerción, pero como ellos había recurrido y fue rechazada el 5 de febrero en la amanecer, por eso varío para mayo.

El magistrado Sena Ferreras impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa y señalado por las autoridades como supuesto cabecilla del entramado de corrupción. La medida incluso fue dictada contra Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

El enjuiciador estableció, por otra parte, que la medida de arresto domiciliario impuesta a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Hado tendrá una duración máxima de ocho meses, exceptuado que el tribunal competente, frente a un cambio en los presupuestos que motivaron su imposición, decida sustituirla por una medida más gravosa o distinta.

La valor está contenida en la resolución perilla. 0668-2025-SMDC-02421correspondiente al expediente núm. 2025-0325417en el que se conoce el proceso legal contra varios exfuncionarios y particulares vinculados al entramado.

El Profesión Notorio de la República Dominicana persigue sanciones penales contra los responsables de presuntamente desfalcar al Estado por más de 19 mil millones de pesos, a través de SeNaSa, así como el requisa de los fondos sustraídos.

Entre los delitos imputados figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.