Consolidando una alianza estratégica para proteger la crematística dominicana frente a la competencia desleal, el Estado dominicano anunció el despliegue de una auditoría integral de permisos y licencias comerciales en todo el país, respaldada por nuevas métricas de trazabilidad y un endurecimiento del control fiscal.

Esta movimiento fue validada en la sesión de la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito. En este espacio, las capacidades de inteligencia y ejecución de los ministerios de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Hacienda y Crematística se fusionan con el poder eficaz de las direcciones generales de Aduanas (DGA), Impuestos Internos (DGII) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), creando un liga unificado de movimiento estatal.

Durante el combate, Sanz Lovatón destacó que la efectividad de esta mesa radica en suceder institucionalizado el diálogo, logrando que la inteligencia de mercado que aportan los gremios se convierta en política pública vinculante. En este contexto, el ministro subrayó el compromiso innegociable del gobierno con la protección de las inversiones formales:

“El Estado está escuchando al sector productivo. Cada inquietud presentada por los gremios ha sido catalogada y ahora se traduce en acciones concretas de fiscalización y revisión de permisos”, afirmó el titular del MICM. El funcionario advirtió que el comercio ilícito no es solo una fuga recaudatoria, sino un ataque directo a la competitividad del país. “Quien opere en la República Dominicana lo hará bajo el situación de la ley. Nuestra representación, de la mano con los sectores productivos, es combatir la competencia desleal, equilibrar el ámbito de solaz y proteger la vitalidad del consumidor”.

La articulación de estas acciones se selló en la sede del Profesión de Industria, Comercio y Mipymes, con una billete robusta del liderazgo conocido y privado. Por el ministerio ministerial, la sesión integró a los ministros de Hacienda y Crematística, Ingenio Díaz; y de Trabajo, Eddy Olivares; así como al director ejecutante de Pro Consumidor, Eddy Alcántara.

Por parte del sector empresarial, el pacto de movimiento contó con el respaldo de Juan José Attías, primer vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), y de Mario E. Pujols, vicepresidente ejecutante de la entidad. La presencia y fuerza de estos líderes gremiales reafirma que las decisiones adoptadas no son medidas unilaterales, sino el resultado de un Estado que audición, asimila y protege a su tejido productivo.